Por Jaime de Althaus, Periodista y antropólogo
El Comercio, 12 de enero de 2018
No deja de llamar la atención la frialdad estratégica con la que Fuerza Popular (FP) se pronunció acerca del indulto a Alberto Fujimori. Saludó su libertad “a pesar de discrepar con la forma en que se logró”. Se le llamó “ex presidente” y no “líder histórico”.
No se puede negar que en este tema Fuerza Popular ha mantenido una coherencia institucional. Keiko Fujimori prometió no usar el poder político para liberar a su padre, y mantuvo esa promesa aun a costa de dar la apariencia de una insensibilidad filial poco común. Pero esa firmeza sin duda abona en su favor: no usar el poder o la ley en beneficio propio es un principio republicano plausible.
Es la misma frialdad estratégica que convierte a Fuerza Popular en un grupo hermético cuando se trata de buscar acuerdos sobre reformas fundamentales. O acuerdos mínimos siquiera. Si el objetivo es ganar las elecciones del 2021, la idea es capitalizar los déficits de un gobierno débil y poco hábil.
El problema es que, aferrada a una rigurosa coherencia estratégica y disciplinaria, Fuerza Popular pierde coherencia ideológica y programática y compromiso real con el país, y altera su propia identidad. No usa el poder político para el beneficio familiar, pero tampoco para el beneficio del país. Es un poder estéril.
Ello se debe al corte, también estratégico, con el pasado. Por desvincularse de lo negativo de los 90, no recoge tampoco lo positivo ni lo procesa intelectualmente para actualizar en clave democrática los medios que permitieron los éxitos. Si se corta las raíces, el árbol no da frutos. Sin procesar el pasado, no hay ideas para el futuro.
Si la democracia era débil y el Congreso un ‘estorbo’, ¿cuál es la reforma política que necesitamos para construir una democracia funcional que asegure gobernabilidad y resultados? Fuerza Popular tiene en el Congreso la responsabilidad de sacar adelante la reforma política, pero no tiene idea de qué hacer porque no ha revisado su propia experiencia histórica.
Fujimori pacificó el país –no con el grupo Colina sino con medios correctos– y restableció orden y seguridad. Pero el orden y seguridad en lenguaje institucional es el imperio de la ley. No el de un hombre, sino el de la ley. ¿Cómo darle forma institucional a lo que hizo su “líder histórico” en los 90? Esa es la reforma de la seguridad y la justicia que Fuerza Popular podría liderar desde Congreso.
Fujimori abrió y liberalizó la economía, privatizó empresas estatales, y desató el crecimiento acelerado. Faltaron las reformas de segunda y tercera generación para incorporar a todos al mercado formal. Pero Fuerza Popular no las quiere impulsar. Al contrario, se confunde y en lugar de representar, como en los 90, a los emergentes informales, da leyes populistas y excluyentes en beneficio de sectores formales organizados.
Lo incomprensible es que al mismo tiempo que tiende a recaer en lo negativo de los 90 –comportamientos autoritarios–, rechaza, de otro lado, lo positivo –el modelo económico que sacó de la pobreza a millones–, olvidándose de su propia base social de origen. Es el aprendizaje al revés de su historia.
