Por: Jaime de Althaus
El Comercio, 21 de octubre del 2023
“Esa lucha política tiene que darse dentro de los cánones del Estado de Derecho, para cortar una guerra de retaliaciones que puede ser destructiva”.
En una democracia es normal que la mayoría congresal elija magistrados constitucionales, jueces u otras autoridades más o menos afines ideológicamente a ella misma. Es lo que ocurre en Estados Unidos con la Corte Suprema, por ejemplo. La particularidad del Perú es que la mayoría congresal que ha elegido a los miembros del Tribunal Constitucional y al defensor del Pueblo no es una mayoría que siga las líneas ideológicas que rigieron la elección del 2021 –izquierda versus derecha–, sino una organizada en torno a otro eje: caviar-anticaviar. Lo que tenemos es una mayoría “anticaviar”, cuyo elemento en común es un componente conservador en lo moral y una defensa frente a los impactos –abusivos o justos– de la judicialización de la política, que ahora se expresa en el proceso a la Junta Nacional de Justicia (JNJ).
¿Es esto una manifestación más de ese proceso global de ataque a las democracias liberales de los últimos lustros? En realidad, en esos casos estamos ante líderes populistas que, al asumir una supuesta representación del pueblo contra alguna élite malvada –política o económica– o contra amenazas internas (crimen organizado) o externas (imperialismo, inmigración), desarrollan una estrategia –usando incluso medios con apariencia legal– para controlar a las instituciones autónomas que forman parte del sistema de pesos y contrapesos propios de una democracia liberal, con el fin de eliminar todo límite a su poder. Mantienen una democracia electoral que encubre un régimen autoritario.
Fue lo que hizo Alberto Fujimori en su segundo período para lograr la re-reelección y es lo que, en las últimas dos décadas, han hecho los presidentes bolivarianos liderados por Hugo Chávez y Nicolás Maduro, usando a la asamblea constituyente como medio seudo legal para concentrar el poder suprimiendo o avasallando controles horizontales.
Esta batalla se da en mayor o menor medida en muchas democracias. Incluso en España, el diario “ABC” denuncia cómo el presidente del gobierno Pedro Sánchez (Partido Socialista Obrero Español) ha logrado copar el Tribunal Constitucional con exministros de su gobierno que, a su vez, han permitido que el Congreso rebaje la proporción de votos necesaria para designar a los miembros del Consejo General del Poder Judicial, órgano de gobierno de la judicatura, de modo que le basta con su mayoría para designarlos. Pero en Polonia la democracia liberal ha sido reconquistada gracias al triunfo de la alianza liberal-conservadora liderada por Donald Tusk, que sacará del poder al conservador autoritario Jarosław Kaczyński, claramente embarcado en una política de control del sistema judicial y de la prensa.
Nosotros tuvimos la amenaza de Pedro Castillo y su asamblea constituyente. Pero antes tuvimos también el populismo político de Martín Vizcarra que llegó a cerrar el Congreso convergiendo con una justicia plebiscitaria o populista que se usó como instrumento de persecución contra políticos opositores y que cometió muchos abusos por temas que no eran delito. La lucha política que vemos en torno a la JNJ expresa en parte la necesidad de defenderse frente a esos abusos, aunque también se sumen aquellos procesados por delitos de corrupción que se multiplicaron como un cáncer con esta descentralización rica en presupuestos de inversión y sin control de partidos nacionales.
Pero esa lucha política tiene que darse dentro de los cánones del Estado de derecho, para cortar una guerra de retaliaciones que puede ser destructiva. Los pasos del debido proceso se han cumplido. Los miembros de la JNJ fueron citados para defenderse y acudieron con arrogancia y desplante. Pero la consideración de la proporcionalidad es muy importante. El dictamen argumenta causa grave en tres actos de la JNJ. Sin duda hay falta en esos hechos, pero la apreciación de si es grave es en última instancia subjetiva, aunque tiene que haber convicción. La garantía contra la arbitrariedad es el requerimiento de los 87 votos. Estemos atentos.
