Por: Jaime de Althaus, Periodista y antropólogo
El Comercio, 22 de marzo de 2019
El Comercio, 22 de marzo de 2019
La propuesta de reforma política de la comisión Tuesta plantea reformas sugerentes e innovadoras que ayudarían a reconstruir un sistema de partidos y a mejorar la gobernabilidad, pero avanza tímidamente en mejorar la relación de representación, consolidaría las regiones-departamento y es costosa.
En el tema de gobernabilidad refuerza las capacidades del Ejecutivo, indispensable en un país que necesita desarrollarse. Propone la bicameralidad con un Senado solo revisor, la elección del Congreso junto con la segunda vuelta presidencial –lo que reduce la fragmentación parlamentaria y facilita la formación de una mayoría gubernamental– y la insistencia en los proyectos de ley observados por el Ejecutivo con los 2/3 del número legal de congresistas (y no con solo la mitad), fortaleciendo el veto presidencial.
Además, muy importante, ya no se podría censurar a ministros por separado –desestabilizando al gobierno–, sino solo al Gabinete en su conjunto, y se elimina la figura de la vacancia presidencial por incapacidad moral, que se presta a la arbitrariedad política. Algo positivo también es que se permitiría nuevamente que el candidato a la presidencia pueda postular simultáneamente al Congreso, lo que eleva el nivel del Parlamento como foro político porque allí estarán los líderes de los partidos.
Pero donde la propuesta es muy creativa e interesante es en lo relativo al fortalecimiento de los partidos (y la reducción de su número). La inscripción de partidos nuevos ya no se lograría con un número dado de firmas (compradas) de adherentes ni de comités, sino con un cierto número de afiliados o militantes (0,075% de los que sufragaron, algo menos de 14.000 personas). Partidos reales, no cascarones. Las elecciones internas para escoger candidatos a la presidencia o al Congreso o a gobernadores y alcaldes serían abiertas y obligatorias (¿por qué obligatorias?) para todos los ciudadanos. Se realizarían el mismo día, organizadas por la ONPE, y cada ciudadano solo podría votar en un partido. Este pierde la inscripción si en dichas elecciones votan menos del 1,5% de los electores de la última elección general. También si no participa en todas las elecciones y no supera la valla del 5% en la elección del Congreso.
Y se elimina, por fin, el fratricida voto preferencial. Pero dicha eliminación debió ser canjeada por distritos uninominales o binominales para que cada ciudadano pueda elegir “su” representante. No obstante, cuando menos se puso el tope de 5 diputados por distrito (un cierto avance porque ello implicaría que el 2021 Lima-Callao se divida en 8 distritos electorales). Pero con los distritos uninominales departamentales para elegir a 26 senadores nos resignamos para siempre a las regiones-departamento, algo inconveniente, aunque acierta cuando dispone que la otra mitad del Senado sea elegida en distrito único nacional.
Y será una ley costosa porque, además de las elecciones internas masivas, el Estado tendrá que financiar el mayor costo de las campañas y se prohíbe el aporte de las empresas formales, aporte positivo si es público y transparente, porque fomenta el compromiso de las empresas con el país y previene la financiación ilegal de las organizaciones criminales. No debe ser proscrito, sino alentado.
En general, sin embargo, muy buen punto de partida para el debate.
