Jaime de Althaus
El Comercio, 28 de diciembre del 2024
“Se requiere entender bien los distintos tipos de realidades existentes y buscar soluciones y arreglos ad hoc por tipos de situación y por zonas, creando un sistema que incentive la formalidad”.
Hay muchas tareas para el 2025, pero, a mi juicio, las dos principales, decisivas para el futuro del país, serán encontrar la manera de resolver el problema de la minería informal e ilegal antes de que termine de arrasar con el ambiente y con la propia inversión formal, y lograr, si no una coalición, por lo menos un programa común entre los partidos del centro y la derecha para que el 2026 tengamos un gobierno fuerte con mayoría capaz de recuperar viabilidad nacional.
Hay puntos de contacto entre las dos. El Congreso tiene que aprobar y publicar antes del 12 de abril la ley que permite el financiamiento de los partidos por parte de empresas formales, para no dejarle la cancha libre a la minería ilegal y al narcotráfico. Ya varios partidos de centro y derecha se disponen a formar en enero una mesa técnica para elaborar una política de Estado contra la criminalidad. De allí se desprendería una mesa para el tema de la formalización de la minería artesanal y de pequeña escala (MAPE) y la lucha contra la minería ilegal.
Es importante porque se requerirá poner los reflectores en los debates de la Comisión de Energía y Minas del Congreso que está elaborando la ley MAPE a partir de la propuesta que envió el Ejecutivo, pero también de proyectos que en buena cuenta buscan perpetuar el estado ilegal de cosas.
Se requiere entender bien los distintos tipos de realidades existentes y buscar soluciones y arreglos ad hoc por tipos de situación y por zonas, creando un sistema que incentive la formalidad, haciéndola atractiva, al mismo tiempo que se combate la minería ilegal ya no solo destruyendo dragas y bocaminas, sino elevando el control y la intervención al centro neurálgico de la actividad, que son las plantas de procesamiento, así como el trasiego de explosivos y combustible. Al mismo tiempo que se desarticula las organizaciones criminales propiamente dichas. Es lo que propone el alto comisionado para la lucha contra la minería ilegal en un proyecto de decreto supremo que aún no se aprueba. ¿Será el Estado capaz de ejecutar esa estrategia?
Los partidos políticos que van a participar en las elecciones del 2026 deberían juntarse el año que viene para unificar programas a fin de revertir el proceso de degradación nacional, volver a crecer a tasas altas y reducir la pobreza. Un gobierno de regeneración nacional tendrá que limpiar la policía y reformar profundamente el Estado implantando meritocracia a todo nivel y eliminando regulaciones, trabas y cargas que impiden el crecimiento y la formalización de los emprendimientos, acabar con las extorsiones de los funcionarios del Estado que usan como arma de chantaje unas regulaciones que solamente las grandes empresas pueden cumplir, digitalizar los servicios públicos y eliminar todo ministerio, gasto, programa o entidad inútil, e introducir una gestión moderna y público-privada en educación, salud y agua potable para que los peruanos tengan servicios de calidad.
Son cometidos ciclópeos que requieren unidad de programas y de acción, y mayoría parlamentaria. Esa es la tarea de los partidos el 2025.
