Jaime de Althaus, Periodista y antropolodo
El Comercio, 21 de julio de 2017
Los congresistas de Fuerza Popular son demasiado predecibles. Han recibido la destitución de la procuradora Katherine Ampuero con la demagogia usual: que fue cesada por haber pedido investigar a PPK o porque se oponía a intereses, cuando lo fue porque estaba destruyendo empleos e inversiones, por impedir la venta de Olmos por parte de Odebrecht, necesaria para reanimar el proyecto y no perder puestos de trabajo, y ¡para pagar la propia reparación civil!
Nunca debió ser nombrada. Desde el comienzo se pidió que se designara en ese cargo a un abogado capaz de instrumentar una estrategia inteligente del Estado que castigara a los corruptos, pero salvara los proyectos para no perder empleos y seguir creciendo. Lamentablemente, esa estrategia no existió o no pudo ser ejecutada debido a la mal entendida autonomía de la procuraduría, que le servía a Ampuero de coartada para actuar por su lado con palos de ciego sin coordinar con el Ejecutivo. La Sunat también actuó por su cuenta embargando activos, y el resultado fue que entre ambas instituciones lograron paralizar los proyectos y romper la cadena de pagos. Por asegurar la reparación civil se ocasiona un daño económico mucho mayor al valor de la misma.
Por fin, el Ejecutivo ha comenzado a gobernar. La salida de Ampuero equivale, en alguna medida, a la de Alarcón de la contraloría, que también causó destrozos en Chinchero. Dos buenas noticias para la recuperación de la inversión y la economía, entonces. Tres, si sumamos el nombramiento de Nelson Shack como contralor, un buen profesional que entiende que la contraloría tiene que pasar de las auditorías de cumplimiento de normas que solo sirven para aterrorizar y paralizar a los funcionarios, a las auditorías de desempeño, que irán de la mano con el presupuesto por resultados, porque servirán para señalar qué procesos deben ser mejorados a fin de lograr más eficiencia y alcanzar las metas. Pasaremos de una contraloría “policía” a una “asesora”. ¡Gran reforma!, que necesitará del apoyo político del Congreso.
Pero el caso de la ex procuradora Ampuero ilustra claramente el absurdo del proyecto conversado en el diálogo PPK-KF de crear la procuraduría autónoma en la Constitución. Los procuradores defienden el interés del Estado, que es definido por el presidente y los ministros. Si el ministro no puede dar los lineamientos de una estrategia a su procurador, el Estado se vuelve impotente. La autonomía debe definirse con claridad para que no impida la actuación eficaz del Estado en defensa de sus intereses. Si lo que se quiere es autonomía para acusar a funcionarios o denunciar colusiones, lo que debe hacerse es fortalecer el Ministerio Público en lugar de replicar una suerte de fiscalía de segundo orden en el Ejecutivo.
PPK y KF acertaron cuando acordaron reformar el CNM y la contraloría, pero no cuando convinieron crear una procuraduría con autonomía constitucional. No habría sido posible desprenderse de alguien como Ampuero.
