Iván Arenas
Perú21, 23 de mayo del 2025
“La minería ilegal tiene una licencia social porque ha logrado desarrollar una estrategia social sólida que la legitima allí en donde opera…”.
No obstante que en ninguna ley o norma peruana existe el sintagma de licencia social, algunas autoridades, funcionarios del propio Estado como operadores políticos y opositores contra la minería moderna suelen utilizar ese concepto como sinónimo a “consulta previa” o, peor aún, como un permiso social otorgado por las comunidades o poblaciones aledañas a proyectos y operaciones mineras.
Pero la minería ilegal sí tiene una licencia social, si cabe el término. Antes, vale decir que ya no hablamos de la minería informal, sino solamente de la minería ilegal. Diremos entonces que la minería ilegal tiene una licencia social porque ha logrado desarrollar una estrategia social sólida que la legitima allí en donde opera. La legitima a tal punto de confundir la minería ilegal con minería informal y sobre todo la convierte en una alternativa “social” frente a la minería formal (grande o pequeña) que tributa y genera empleos.
Mientras algunas ONG ambientalistas aplican una guerra del fin del mundo contra la minería moderna y formal, por su lado la minería ilegal ha logrado desarrollarse con la complacencia de autoridades, funcionarios y líderes locales. Hoy, por ejemplo, en algunos lugares del país, las propias rondas campesinas, otrora organizaciones opositoras a toda minería, participan de manera activa en la industria minera ilegal.
Pero hemos llegado a una excelente oportunidad. Lo digo a pesar del drama y dolor que genera la minería ilegal con muertes y externalidad negativas. La oportunidad es que se ha generado en una parte importante de la ciudadanía un rechazo contra la minería ilegal. Basta mirar las redes sociales, las opiniones en los medios y en la sociedad civil. Hay una oportunidad para avanzar hacia políticas más duras contra la criminalidad y la minería ilegal. Eso dependerá del Congreso como del Ejecutivo.
Las últimas decisiones tanto del gobierno Boluarte como del Congreso con respecto a la minería ilegal no han sido acertadas. Asimismo, hay un maniqueísmo en hacer pasar informal como ilegal, o artesanal como ilegal. Por ejemplo, el congresista Bellido dice “artesanal” para no decir informal. Si no hacemos algo, la minería ilegal no solo llegará al Congreso, sino quizá al mismo gobierno y será trascendente cuando se elaboren políticas públicas.
