Por: Iván Alonso, Economista
El Comercio, 8 de febrero de 2019
La directiva general para el sistema de inversión pública, que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ha publicado hace dos semanas, deja mucho que desear. Lo más saltante –y que ha sido destacado en la prensa– es que los proyectos con un costo de inversión menor de 1.700 millones de soles podrán ejecutarse con tan solo llenar una “ficha técnica”. ¿Qué tiene de técnica la ficha? No mucho más que una declaración de que el proyecto sirve para un objetivo útil, que la alternativa técnica elegida es mejor que otras y que los beneficios son mayores que los costos. Pero no hay un estándar que asegure que tal declaración se base en un análisis riguroso.
Las inversiones mayores a 1.700 millones sí requieren, al menos, un estudio a nivel de perfil. En la práctica, muy pocos proyectos pasarán por ese filtro. Una fuente anónima del MEF comentó al diario “Gestión” que en toda la historia del Perú solamente 25 proyectos han pasado ese umbral. ¿Y cuántos de esos proyectos, nos preguntamos, habrán sido exonerados de esa mínima evaluación económica que supone un perfil porque el gobierno de turno los consideraba de absoluta necesidad?
Tampoco es que un perfil sea garantía de nada. Generalmente se basa en un estudio de ingeniería preliminar, lo que quiere decir que el costo de inversión estimado tiene un margen de error de 30% hacia arriba o hacia abajo. Para una inversión de 1.700 millones, eso es un margen de error de 500 millones, que puede hacer toda la diferencia entre un buen y un mal proyecto.
No hay nada en la directiva que obligue a que los proyectos más grandes cuenten con un análisis más exhaustivo, que reduzca el margen de error al 20% o idealmente al 10%. Habiendo tantos recursos públicos en juego, vale la pena gastar y demorarse un poco más antes de subirnos a un potencial elefante blanco. O a un tren de cercanías o a uno bioceánico.
Otro error de la directiva es que no garantiza que la ejecución de la obra parta de un presupuesto que corresponda a la ficha técnica o al perfil. Como en este país la ambigüedad es la norma, se limita a decir que el expediente técnico debe “sujetarse a la concepción técnica y al dimensionamiento” aprobados. Pero el “dimensionamiento” puede referirse al tamaño de la obra, no necesariamente al presupuesto de la misma. Un proyecto que era bueno en el papel puede dejar de serlo una vez que se hace un costeo detallado. En ese momento habría que pararlo.
A un nivel más general, la directiva aborda el problema de la inversión pública desde la perspectiva (equivocada, creemos) del “cierre de brechas”, definidas como la diferencia entre la oferta de infraestructura y la demanda. ¿A qué precio?, preguntaría un economista. No podemos saber si hay o no una brecha si no tratamos primero de averiguar cuánto estaría dispuesta la gente a pagar por la infraestructura que quisiéramos ofrecerle. Por la red dorsal de fibra óptica, no son muchos los que han accedido a pagar la tarifa acordada con el gobierno; esto nos da una idea de la real magnitud de la “brecha digital”.
Si nos fijamos solo en el número potencial de usuarios, y no en el valor que tiene para esos usuarios la disponibilidad de la infraestructura, vamos a terminar viendo brechas donde no las hay. Y si no seguimos un proceso más disciplinado de evaluación de inversiones, vamos a malgastar nuestros recursos.
