Iván Alonso, Economista
El Comercio, 23 de junio de 2017
Si Rómulo y Remo pudieron sobrevivir tomando leche de loba, ¿por qué no podríamos los peruanos alimentarnos de aquí en adelante con leche de lobby? Eso parecerían pensar nuestros congresistas, que la semana pasada han aprobado una ley para promover el desarrollo de la ganadería nacional. Una ley típicamente mercantilista porque privilegia los intereses particulares de un grupo minoritario, pero organizado, los ganaderos, en desmedro del interés general de los consumidores. Lo menos que podemos esperar del gobierno es que la observe.
Lo único que trae de sustancial esta ley –el resto de sus tres artículos son meramente saborizantes– es la prohibición de utilizar leche en polvo para elaborar leche fluida o evaporada y otros productos lácteos, como queso, mantequilla y yogurt. En otras palabras, restablece la vigencia de la decimoquinta disposición complementaria de la ley de promoción de inversiones en el sector agrario de 1991, que había sido derogada en el 2008.
Desde que se derogó esa disposición, el consumo per capita de leche en el país aumentó un 30%, de 55 kilos al año a 72, según cifras de la Asociación de Ganaderos Lecheros del Perú (Agalep) reportadas por La República el último sábado. El aumento del consumo ha sido posible gracias no solamente a las mayores importaciones de leche en polvo, sino también al crecimiento de la producción de leche fresca nacional. La competencia de los productos elaborados a base de leche en polvo ha sido buena para los consumidores, pero además ha incentivado a los ganaderos locales a hacerse más eficientes. Su producción ha crecido alrededor del 3% año tras año. Suficiente con la ley del mercado para promover la ganadería nacional.
No cabe duda de que la producción ganadera crecerá aún más con la nueva ley. Un representante de Agalep vaticina un crecimiento superior al 20% en cuestión de un año. El viceministro de agricultura comparte ese optimismo. Quién sabe. Lo que es seguro es que cualquier crecimiento adicional se conseguirá a costa de una subida de precios para el consumidor.
La explicación es sencilla. A los precios actuales, los productos hechos con leche en polvo importada tienen el 25% del mercado. Los ganaderos locales podrían producir más, pero lo que no pueden es sostener esa producción adicional con los precios que obtienen en el mercado el día de hoy. Esos precios tienen un techo que depende del costo de importar y procesar la leche en polvo. Al restablecerse la prohibición de industrializarla, desaparecerá ese techo y subirán los precios. Subirán para los ganaderos, que ahora sí podrán sostener una mayor producción, pero subirán también para el consumidor.
Las consecuencias indirectas de la intervención estatal en la economía siempre escapan (convenientemente) de la vista de los grupos favorecidos y de sus intermediarios políticos. Produciremos más leche, pero ya no consumiremos 72 kilos al año. Otros productos ocuparán ese lugar, menos nutritivos quizás, pero más al alcance del público. Se generarán algunos puestos de trabajo en la ganadería, pero se perderán otros en la industria manufacturera. Importaremos menos leche en polvo, pero habrá menos demanda de dólares, y eso hará bajar el tipo de cambio y reducirá la competitividad de nuestras exportaciones. No hay lonche gratis en este mundo, ni siquiera con leche de lobby.
