Por: Iván Alonso, Economista
El Comercio, 18 de enero de 2019
El Comercio, 18 de enero de 2019
Luego de que el gobierno observara un proyecto de ley aprobado por el Congreso, que prorrogaba hasta el 2021 el régimen especial de jubilación anticipada (REJA), y que este, por lo tanto, caducara al acabar el año pasado, la bancada oficialista ha presentado otro proyecto para no solamente restablecerlo, sino convertirlo en permanente. El nuevo REJA permitiría que los afiliados al Sistema Privado de Pensiones (SPP) que hayan cumplido 50 años, en el caso de las mujeres, y 55, en el caso de los hombres, y que además se encuentren desempleados por doce meses consecutivos o más comiencen a recibir una pensión o, en su defecto, retiren la mitad de los fondos acumulados en sus cuentas individuales de capitalización.
La exposición de motivos, sin embargo, no demuestra que el REJA sea una necesidad. Su principal argumento es que los doce meses consecutivos de desempleo evidencian la incapacidad del afiliado de conseguir otro empleo. Los congresistas aducen que, en el rango de edad de 45 a 65 años, la tasa de desempleo es de 2,1%, y la duración del mismo, de 10 semanas y media (en promedio, suponemos). No es, pues, una edad particularmente propensa al desempleo: en un año cualquiera, tan solo una de cada diez personas en ese rango se queda sin empleo. Pero ¿cuántos siguen sin trabajar doce meses después? No lo sabemos. No hay ninguna evidencia al respecto en la exposición de motivos.
Actualmente, los hombres y mujeres que llegan a los 50 o 55 años de edad tienen todavía una esperanza de vida de más de 30 años. Están, la mayoría de ellos, en buenas condiciones físicas y mentales para seguir trabajando. Y no falta quién les dé trabajo, como la tasa de desempleo arriba citada lo demuestra. No hay, pues, ninguna razón para tirar la toalla. La ley, en todo caso, no debería incentivarlos a hacerlo.
Entre los 50 y los 65 años, el saldo de la cuenta individual de capitalización de una afiliada al SPP se duplica, aún sin nuevos aportes; solamente por efecto de la rentabilidad que se va acumulando. Con un fondo reducido a la mitad y una expectativa de vida más larga, contada desde el momento de la jubilación anticipada, una mujer de 50 recibirá la tercera parte de la pensión que le tocaría si se jubilara a los 65.
Contrariamente a lo que se plantea en este proyecto de ley, lo sensato sería, más bien, subir progresivamente la edad de jubilación. El aumento en la expectativa de vida es una tendencia a largo plazo; y con los avances en la medicina es improbable que se revierta. Quiere decir que las nuevas generaciones tendrán que trabajar más años y acumular más ahorros para poder mantenerse a sí mismas durante más tiempo. La matemática financiera no engaña.
Si debemos o no debemos tener un sistema de ahorro forzoso para la jubilación es otro tema de discusión. Hay quienes piensan que la gente no ahorraría voluntariamente, porque es miope o irresponsable, y hay quienes piensan (pensamos) que sí. Pero no parece que un sistema voluntario sea, a la larga, políticamente sostenible. La elección se reduce, en la práctica, a qué tipo de sistema forzoso queremos tener: si uno administrado por entidades privadas que, en mayor o menor medida, compiten entre sí u otro administrado por un monopolio estatal, con los resultados que ya conocemos. Los intentos por minar el sistema privado pueden llevarnos de regreso ahí.
