Por: Iván Alonso
El Comercio, 3 de abril de 2020
Las medidas económicas tomadas por el Gobierno no reducen el costo de la cuarentena; solamente lo redistribuyen. Era necesario darles 380 soles a tres millones de familias imposibilitadas, la mayoría, de salir a trabajar por quince días, y más al extenderse la cuarentena. Se dice que los recursos salen del fondo de estabilización fiscal. Pero el fondo de estabilización fiscal no es una despensa, sino una cuenta bancaria. Lo único que puede salir de esa cuenta son los medios de pago para que los beneficiarios accedan a las cantidades limitadas de alimentos y medicinas que están llegando al mercado. Eventualmente, los recursos del fondo de estabilización tendrán que reponerse con los impuestos que recaude el Gobierno. El consumo de los beneficiarios del bono lo pagaremos los contribuyentes en el futuro. Y está bien que sea así, porque ni el más precavido podría haber anticipado esta crisis.
El verdadero costo de la cuarentena no es lo que gaste el Gobierno para ayudar a la gente que lo necesite, sino lo que el país deje de producir mientras dure. La economía peruana produjo el año pasado 768.000 millones de soles de bienes y servicios, o sea, un promedio de 64.000 millones mensuales. Un mes funcionando a media máquina significa una pérdida de 32.000 millones. Una parte se va a recuperar, ya sea adelantando vacaciones o haciendo horas extras después. Pero, por otro lado, en algunos sectores los efectos se van a prolongar dos o tres meses, quién sabe más. Podemos estar hablando, en total, de una pérdida de 50.000 millones de soles, un 6% del PBI.
Si bien el costo de la cuarentena es independiente de las medidas de alivio destinadas a darle liquidez a la gente para sobrellevar el momento, ¿podemos revertir el impacto mediante un masivo paquete fiscal de 30.000 o 60.000 millones de soles, como el que ha anunciado el Gobierno, para reactivar la economía? Creemos que no. Va a resultar innecesario y quizás contraproducente.
Es evidente que, en lo inmediato, es poco lo que puede hacer el Gobierno, más allá de reorientar el gasto presupuestal a la compra de materiales y equipos médicos. Pero es imposible aumentar la inversión en infraestructura mientras no puedan salir las cuadrillas a la calle. Una vez terminada la cuarentena, quizás; pero en ese momento los ingenieros y obreros estarán retornando a sus ocupaciones habituales. Esta no es una crisis como la del 2008, causada en última instancia por un gigantesco desequilibrio en el mercado inmobiliario norteamericano que se había estado gestando por años y que requería un largo período de convalecencia para que el capital y la fuerza de trabajo de todos los sectores que habían crecido artificialmente se recolocaran en otros. Esta es una crisis causada por una repentina interrupción de las actividades económicas, debido a un hecho extraeconómico, que se irán retomando rápidamente, creemos, cuando termine la cuarentena.
En esas circunstancias, un paquete fiscal de esa magnitud generaría un exceso de demanda de materiales, insumos y mano de obra y pondría una presión al alza en sus precios. Más peligroso aún nos parece, sin embargo, que una intervención en esa escala es inconcebible sin una dosis de ‘command and control’, es decir, de decisiones políticamente motivadas, que, a la larga, causarán ineficiencias y desequilibrios en la economía.
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