Desde una perspectiva temporal, las políticas económicas pueden dividirse en dos grupos. El primero, contiene aquellas medidas que buscan elevar el crecimiento de la economía en el mediano y largo plazo propiciando un funcionamiento eficiente de los mercados de bienes y servicios y de los de factores de producción. Estas políticas son muy importantes porque tienen consecuencias sobre la productividad, los ingresos y la generación de riqueza, lo que, a la larga, influirá decisivamente sobre el nivel de vida que tendrá la población en el futuro.
El segundo grupo engloba las acciones que en el corto plazo buscan atenuar las fluctuaciones cíclicas de la economía. Las economías se ven sujetas a choques (eventos exógenos, no controlables) que a veces las impulsan y otras las desaceleran, desviándolas transitoriamente del nivel de producción que sus recursos y desarrollo tecnológico le permiten alcanzar (a este nivel se denomina el PBI potencial). Estas fluctuaciones pueden generar una gran pérdida de bienestar. Por ejemplo, si una desaceleración se intensifica, conseguir empleo se vuelve más difícil, las ventas se debilitan, no hay acumulación de riqueza, entre otros aspectos negativos.
Para atenuar estas oscilaciones de la economía, los gobiernos usan las políticas monetaria y fiscal. La primera afecta por la influencia que tienen las acciones de los bancos centrales sobre las tasas de interés y la segunda mediante el manejo del gasto público y de los impuestos por parte del ministerio de economía. En Perú, lamentablemente, venimos presenciando que ambas políticas enfrentan grandes restricciones para implementar estímulos que permitan contrarrestar la desaceleración en curso.
El Banco Central (BCR) quisiera inducir reducciones de las tasas de interés, pero las presiones cambiarias y los efectos negativos que ello puede tener sobre el patrimonio de familias y empresas endeudadas en dólares, pero que reciben ingresos en soles, inhibe a la autoridad monetaria de hacerlo ya que con ello se puede exacerbar la debilidad de la moneda local. Por el lado fiscal, el Ministerio de Economía (MEF) enfrenta problemas para acelerar la ejecución del gasto público y ha mostrado cierta inercia para seguir dando estímulos por el lado de los ingresos.
Una de las lecciones que esta desaceleración está dejando es que debemos modernizar y adecuar el marco institucional vigente para las políticas monetaria y fiscal, de tal forma que permita usarlas como herramientas para estabilizar la economía.
Este marco ha permitido consolidar la reputación antiinflacionaria del BCR y asegurar la solidez de las cuentas fiscales. Pero hoy, claramente, ha resultado insuficiente para que estas políticas puedan cumplir adecuadamente un rol estabilizador de la economía.
La política monetaria requiere que la economía se siga desdolarizando (una opción a discutir: créditos en dólares, pero con una cobertura cambiaria obligatoria en paralelo para personas y empresas que reciban ingresos en soles) y se podría debatir la posibilidad de un mandato explícito de pleno empleo que se adicionaría al de estabilidad de precios (esta ampliación debería ir acompañada de una mayor autonomía: directores cuya duración supere el ciclo político). Por el lado fiscal, elevar la capacidad de gestión de su personal, lo que podría requerir mejoras salariales para atraer personal altamente calificado. Hay mucho por hacer para que estas políticas funcionen adecuadamente.
