Diario Gestión, 16 de Marzo de 2017
En AFIN rechazamos rotundamente cualquier acto de corrupción, y apoyamos las investigaciones a cargo de los órganos competentes, que deben avanzar sin interferencias. Nadie pudo imaginar el alcance internacional y la estructura de esta oleada de corrupción organizada, sin precedentes históricos. Fuimos la primera organización gremial en separar a Odebrecht Latinvest, a los pocos días de su confesión pública de parte. Somos una asociación de más de 50 empresas privadas dedicadas al desarrollo de infraestructura, en asociaciones público-privadas (APP) en energía, telecomunicaciones, salud, transportes, etcétera. Nuestro gremio no gestiona ni actúa en defensa de intereses particulares. Abordamos temas de interés general y de interés sectorial. Promovemos la inversión privada en infraestructura de servicios públicos, su predictibilidad y estabilidad en el largo plazo, que contribuye a la mejora de la competitividad y el crecimiento económico. El hecho es que a lo largo del tiempo, los bancos, las AFP, las agencias multilaterales, financiaron algunos proyectos de APP ahora cuestionados, cuyos procesos y fiscalización están a cargo del concedente, otros ministerios, el regulador, el supervisor y la Contraloría. No debe criticarse por la vía fácil, a un gremio que, como el nuestro, es totalmente ajeno a los procesos, por no haber dicho algo años atrás, distorsionando y malentendiendo la función gremial.
Como parte de su esfuerzo por impulsar las inversiones en infraestructura, el crecimiento y la reducción de la pobreza, AFIN encargó la elaboración de un Plan Nacional de Infraestructura 2016-2025. El Plan se basa, entre otros criterios, en la cuantificación de las necesidades insatisfechas por sectores, que se comparan con las del promedio respectivo en la Alianza del Pacífico, y el de una muestra de países asiáticos, para establecer el monto de inversión necesaria para cerrar la brecha en un horizonte de 5 años al 2020 y de diez años al 2025. Un plan técnicamente elaborado sirve precisamente para evitar la interferencia política y cualquier elefante blanco.
El hecho que dos tercios de los peruanos vivan en la costa no justifica que la única obra necesaria sea completar la Panamericana. Hay que atender las necesidades insatisfechas en salud, educación e infraestructura económica en las regiones, incluidas la sierra y la selva. La pobreza en el país no se resuelve abandonando a los peruanos en las regiones andinas y selváticas, para forzarlos a migrar a la costa.
En su página 155, el Plan muestra un ejercicio de priorización de proyectos, que podrían ejecutarse como obras públicas o APP, en base a criterios de pobreza y competitividad. Top ten: modernización de aeropuertos en Cajamarca y Ayacucho, estudios tarifarios de agua para Huancavelica, Amazonas, Apurímac, Pasco y Puno, instalación de banda ancha en Pasco y Huánuco. De eso se trata el Plan, no de promover proyectos a la medida de intereses particulares.
Se dice que el Plan promueve inversiones innecesarias, por ejemplo, en generación hidro, cuando hay un excedente de oferta eléctrica de alrededor de 40%. Es cierto que ahora hay un excedente, por eso en sus páginas 117 y 118 se señala que las necesidades de inversión del periodo 2016-2020 no incluyen subastas para nuevas centrales hidroeléctricas, y muestra inversiones en subastas de generación recién del 2021 al 2025. Esta inversión resulta necesaria para evitar una crisis del abastecimiento que se perfilaría a partir del 2021, según ha señalado el COES.
En la actual crisis de confianza, en medio del escándalo, se genera el riesgo de caer en la parálisis. Si las inversiones se paran, la economía dejará de crecer, caerá el empleo y volverá a incrementarse la pobreza. Si nos dedicamos a mirar para atrás y a las denuncias e investigaciones solamente, la institucionalidad puede entrar en crisis, mientras el país se queda sin brújula. Estamos ingresando a una zona de alto riesgo. Concursar APP maduras, que desalienten las ofertas temerarias, son parte de la salida hacia adelante. Este es un reto que el país puede enfrentar con éxito, si tanto el sector público como el privado ponen el hombro.
