Por: Gonzalo Prialé, Presidente de la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN)
El Comercio, 5 de mayo de 2018
El Gobierno declara que no impondrá situaciones que la población no quiera. ¿Quién lidera entonces? Y algunos congresistas proponen que el Gobierno administre los peajes, rompa los contratos de concesiones y se paguen indemnizaciones a los concesionarios. Tamaña arbitrariedad espantaría la inversión privada, ¿quién invertiría en un país así?
La Red Vial Nacional (RVN) es de 26.683 km con 6.866 km (26%) concesionados en 16 asociaciones público-privadas (APP), 13 de ellas operativas con 53 peajes, uno cada 130 km en promedio, todo pavimentado. La parte de la RVN no concesionada la administra Provías, dentro del MTC, con 12.816 km pavimentados, 23 peajes en algunas vías y un peaje cada 557 km en promedio. Además existen 7.001 km no pavimentados, donde no hay peajes.
Como se aprecia, las carreteras estatales no concesionadas no reciben mantenimiento necesariamente, llegándose a perder lo invertido, como en la antigua Panamericana Sur. En cambio, las carreteras concesionadas dependen del cobro de peajes para atender su operación y mantenimiento por 30 años, y recuperar inversiones.
En las APP concesionadas, el peaje es la regla. En las carreteras hechas por obra pública que administra Provías, se puede decir que el peaje es la excepción. La tarifa de peajes de Provías es S/7,50 por vehículo ligero y S/6,50 por eje en vehículos pesados. Las tarifas en los peajes de concesiones son similares.
Los peajes los pagan quienes utilizan las vías en las APP concesionadas, mientras que existe la percepción errónea de que las carreteras hechas por obra pública son gratis para los ciudadanos. En realidad se pagan con impuestos. No solo no son gratis, sino que generan pérdidas por su deterioro.
Por eso, la debilidad que muestra el Gobierno al anunciar que revisará los contratos de peajes de la mano de una asociación de transportistas de carga es una pésima señal y genera enorme incertidumbre. Los contratos de APP son celebrados entre el Estado y un privado, y sus temas se tratan entre las partes, no con terceros.
El pliego de reclamos de los camioneros es mercantilista: no aceptan los GPS en sus vehículos, y solicitan que no les cobren multas acumuladas. Además, buscan mantener su exoneración del pago de ISC, y que se sancione a transportistas “ilegales” (que no son de su grupo). Nadie los apoyaría con una plataforma así.
Entonces, de acuerdo con el MTC, incorporan los peajes como señuelo para darle “sentido popular” a su pliego y brindarle al MTC excusas para ceder en lo demás. Lo cierto es que los peajes representan menos del 3% del costo de transporte pesado, y son trasladados a los fletes. Si no se instalan o se reducen los peajes, el concedente tendría que compensar a los concesionarios con dinero de impuestos y todos terminaríamos subsidiando a un grupo de transportistas. El país enfrenta un elevado déficit fiscal y el Gobierno no puede andar repartiendo la plata de impuestos por buscar aprobación en las encuestas.
Lo grave es que se daría una partida de defunción al sistema de concesiones.
