Giovanna Prialé, Presidenta de la Asociación de AFP
El Comercio, 7 de mayo de 2019
El Comercio, 7 de mayo de 2019
Estamos viviendo más, no solo en el Perú, sino en todo el mundo. En los últimos 70 años, la esperanza de vida al nacer en los países más longevos ha pasado de 72 años a 83 años. Ante esta situación, los sistemas de pensiones basados en un esquema de reparto se han visto en serios problemas, ya que la pirámide poblacional tiende a hacerse estrecha en su base y a ensancharse hacia arriba. En Europa ya se habla de la cuarta generación (mayores a 80 años), que en el caso de España alcanza el 6% de la población y, al 2065, triplicaría esa cifra.
Japón es uno de los países con población más longeva, con una esperanza de vida de 84 años. Allí, el sistema público de pensiones es financiado por el Gobierno Japonés y por los trabajadores aportantes. Cuenta con una pensión máxima mensual, si la persona se jubila a los 65 años y ha contribuido al sistema durante 40 años, de 65.000 yenes (S/1.941,13); sin embargo, si la densidad de cotización ha sido inferior al 70%, la pensión del jubilado será de 45.506 yenes (S/1.359,10). Así, la tasa de reemplazo –lo que se recibe de jubilación como porcentaje del último sueldo percibido– se encuentra en 40%.
España e Italia, por su parte, se enfrentaron a una realidad adversa en sus sistemas de pensiones cuando estalló la crisis financiera del 2008, afectándose las pensiones de los jubilados. En el 2050, a la vuelta de la esquina, España tendrá que afrontar el pago a 15 millones de pensiones, en comparación con los 9,7 millones que tiene hoy, según datos del BBVA España. Para poder hacerle frente, necesitará al menos 29 millones de cotizantes, número inalcanzable; razón por la que hará falta una mayor obligación fiscal. Por ello, están buscando incorporar cambios importantes para darle sostenibilidad a sus sistemas, como elevar la tasa de contribución y edad de jubilación; tema en el que Japón ya ha presentado avances, pues hoy ofrece una bonificación de 8,4% por posponer la jubilación y se penaliza anticiparla con un 6%.
Esta situación ha puesto entre las cuerdas los dos principales objetivos que busca cualquier sistema de pensiones: prevenir la pobreza en el adulto mayor y suavizar la brecha de consumo entre la vida laboral y la jubilación.
Es así que se está incorporando en el modelo de los sistemas previsionales a nivel mundial las cuentas individuales, porque estas fomentan el ahorro individual y reducen el costo fiscal destinado a pensiones.
En el Perú, el Estado lidera la reforma del sistema de pensiones –que está integrado por uno de reparto (público) y otro de cuentas individuales de capitalización (privado)– con la finalidad de ampliar la cobertura y mejorar las pensiones, principalmente. Tenemos la ventaja de tener la experiencia de conocer de primera mano ambos sistemas y de contar con una situación económica estable, a nivel país. Ambos factores permitirán planear los compromisos fiscales futuros de esta reforma, pues hará falta un “sinceramiento” de los aportes previsionales realizados por los afiliados al sistema público a través de la individualización de sus cuentas.
Además de las cuentas individuales que permitan la autosostenibilidad financiera, la reforma debe estar basada en un pilar solidario para las personas de bajos recursos que genere la menor obligación posible para el Estado, y una garantía de costos competitivos y rentabilidad a largo plazo, reduciendo intermediarios y aprovechando la diversificación de los portafolios. Todo ello sin perder el objetivo del sistema previsional: otorgar pensiones dignas.
En el Legislativo hay propuestas técnicas como el “Capital Semilla” que serviría de herramienta potente para que todos los peruanos tengan acceso a una pensión mínima. En el largo plazo, esta representa un menor costo fiscal si se sustituyera Pensión 65 por Capital Semilla.
Pronto se instalará una mesa de trabajo en el Congreso, la cual busca contar con una visión multisectorial y aterrizar propuestas con visión a largo plazo. Esta, sumada a lo que viene trabajando el Ejecutivo, formará parte de las propuestas de reforma integral del sistema. Se deben priorizar los incentivos fundamentales para incrementar el ahorro para la jubilación, la cobertura universal y la pensión mínima.
El objetivo de la política pública radica en ser eficiente en la provisión de una pensión mínima universal, respetando la propiedad e intangibilidad de los ahorros previsionales. Con propuestas técnicas, articuladas y bien diseñadas, se asegurará el futuro de las siguientes generaciones.
