El 2012 se habrían cometido 1.968 homicidios en el país, lo que representaría una tasa de 6,5 por cada 100 mil habitantes.
El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos acaba de dar a conocer la cifra oficial de homicidios en el Perú correspondiente al 2012. Ese año se habrían cometido 1.968 homicidios en el país, lo que representaría una tasa de 6,5 por cada 100 mil habitantes. La noticia es sorprendente porque apenas un año antes (2011) se reconocieron 7.250 homicidios, para una tasa de 24,1. Es decir, en solo doce meses se habrían reducido los homicidios en una cuarta parte.
Difícil de creer en medio de un contexto en el cual parecería que viene sucediendo todo lo contrario. Para entender mejor lo ocurrido necesitamos un poco de contexto. Durante años, la policía fue casi la única institución encargada de llevar el registro de homicidios en el país.
Y digo casi porque el Ministerio de Salud (Minsa) también publicó hasta el 2007 un registro de muertes intencionales, que siempre dio una tasa menor a la de la policía.
A partir del 2008, el Ministerio Público también comenzó a registrar los homicidios y ese año sus números coincidieron con los de la policía en una tasa ligeramente superior a 10. Sin embargo, desde entonces, estos valores crecieron exponencialmente, duplicándose en solo tres años, mientras que los de la policía se mantuvieron estables.
En medio de esta divergencia, por recomendación de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec), el Gobierno Peruano no tuvo mejor idea que hacer suyos los números del Ministerio Público, dejando de lado los de la policía, su fuente tradicional de información en esta materia. Los nuevos números fueron comunicados a la OEA, que los hizo públicos a través de Alertamerica, el observatorio hemisférico de criminalidad, dando cuenta de la rápida y peligrosa duplicación de los homicidios.
Ante la preocupación por su aumento y la divergencia entre sus principales fuentes de información, el Consejo Nacional de Política Criminal (Conapoc), creado a fines del 2011 con el encargo de dar cuenta de la evolución del delito y de contribuir a entender sus causas, constituyó el año pasado un comité estadístico, presidido por el INEI, cuya primera tarea fue determinar la verdadera situación de los homicidios en el país. Las cifras oficiales que la semana pasada se hicieron públicas son su primer resultado.
Como consecuencia de ello, para el 2012 tenemos, además de la tasa oficial de 6,5, la policial de 9,6, que se ha mantenido estable en los últimos años, y la fiscal de 6,4, dada a conocer recientemente, sin explicación alguna de la dramática caída sufrida con respecto al 2011.
Como es de imaginarse, la situación genera suspicacias y no faltará quienes de plano rechacen las cifras del INEI, que representan en esto nuestra última carta.
Sería entonces conveniente que se constituyera un grupo técnico independiente, integrado por especialistas de reconocida calificación, que revise la nueva metodología del INEI y las de la policía y el Ministerio Público, las valide si fuera el caso, formule las recomendaciones a que hubiera lugar y haga públicas sus conclusiones.
