Por: Gianfranco Castagnola
El Comercio, 12 de febrero de 2020
El temor de una reforma del capítulo económico de la Constitución parece haberse disipado, al menos en el corto plazo. Sin embargo, el modelo que, con todas sus imperfecciones y carencias, ha permitido el período de expansión más largo de los últimos 100 años, puede ser demolido sin necesidad de una reforma constitucional. Una serie de malas regulaciones, afectaciones a la seguridad jurídica y paralizaciones de proyectos viene haciéndolo poco a poco y sus consecuencias ya son visibles. El mediocrísimo crecimiento del 2% del año pasado así lo demuestra.
Un pilar del modelo es la inversión privada. Sin esta no se genera empleo de calidad para absorber a los 270 mil jóvenes que ingresan al mercado laboral cada año, ni tributos para financiar el buen funcionamiento del Estado. Una condición indispensable para promoverla es la seguridad jurídica y la estabilidad en las reglas de juego –o la predictibilidad sobre el proceso acerca de cómo estas pueden cambiar en el tiempo–. Una fuente permanente de malas ideas en materia económica ha sido el Congreso, sea por populismo, ignorancia sobre sus consecuencias o corruptelas. Felizmente, siempre hubo congresistas que batallaron contra esas iniciativas, muchas veces en coordinación con las autoridades económicas, que en este siglo han venido consumiendo mucha energía en esta tarea de evitar que prosperaran y se convirtieran en leyes.
Por ello, es preocupante que en este Congreso no sea fácil identificar voces que tengan el conocimiento en materia económica y la convicción para defender sus principios más básicos. Más aún, la carencia de una bancada oficialista puede dificultar las coordinaciones Congreso-Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), indispensables para procurar sensatez en la tarea legislativa. Es poco probable que se aprueben leyes que afecten seriamente la estabilidad macroeconómica, pero el riesgo de iniciativas populistas a nivel microeconómico es elevado. Seguramente, muchas de ellas estarán relacionadas a la legislación laboral, previsional y a la defensa del consumidor; temas favoritos de la causa populista. No sería de extrañar que se discuta, por ejemplo, la propuesta del Frepap de reducir la jornada laboral de 48 a 44 horas “sin reducción del salario”, o la de “regulación de las tasas de interés bancarias” de APP. La poca experiencia de la mayoría de los congresistas y el corto período de su mandato pueden dificultar la aprobación de muchas normas, pero el riesgo no es menor.
El sistema judicial es otra fuente recurrente de inseguridad jurídica. La forma como está interviniendo para afectar contratos de concesión a través de medidas cautelares y hábeas corpus es preocupante. Estos contratos contemplan que diferencias entre el concedente y el concesionario –e, incluso, pedidos de nulidad– se diriman por la vía arbitral. El Poder Judicial, sin embargo, ha intervenido eliminando peajes e, incluso, en un caso ha llegado al extremo de fijar su monto. Esta invasión de competencias tiene un efecto pernicioso: mayores acciones judiciales. Una concesión de vías urbanas está enfrentando 38 acciones de hábeas corpus para eliminar sus peajes. Haría bien el Ejecutivo, en representación de todas las entidades concedentes, en plantear una contienda de competencias ante el Tribunal Constitucional (TC) para evitar que el Poder Judicial siga inmiscuyéndose en funciones que no le corresponden. De no hacerlo, mucho podremos hablar del Plan Nacional de Infraestructura o del relanzamiento de Pro Inversión, pero sin seguridad jurídica será cada vez más difícil atraer inversionistas privados de calidad.
Para frenar y revertir esta lenta demolición de las bases del modelo se requeriría de un fuerte liderazgo del Gobierno. Lamentablemente, hasta el momento ni el presidente Martín Vizcarra ni el primer ministro Vicente Zeballos han mostrado un mínimo nivel de convicción para hacerlo. No solo eso. En ciertas ocasiones también contribuyen a la tarea de socavarlo. Por ejemplo, ante eventos infortunados, la reacción inmediata es sobrerregular y mal, como fue la respuesta al trágico accidente del McDonald’s (donde la nueva reglamentación no exonera de responsabilidad penal al empleador cuando un accidente se produce por responsabilidad del trabajador). Lo mismo ante cambios en el escenario político –por ejemplo, cuando aparentemente por los resultados de las elecciones congresales en el sur, el presidente decide anunciar que Tía María no va en su Gobierno–.
La ministra de Economía y Finanzas está haciendo esfuerzos loables en poner algunos candados para preservar el equilibrio fiscal como, por ejemplo, a través del decreto de urgencia que regula la negociación colectiva de los trabajadores públicos, que restringe los acuerdos o laudos arbitrales a pautas que dicte el MEF, en concordancia con el mandato del TC de normar esta negociación con respeto al equilibrio fiscal. Y también está haciendo sus mejores esfuerzos para destrabar la inversión pública. Pero, para reactivar la inversión privada y dictar medidas que promuevan la competitividad, se requiere de la convicción del más alto nivel político.
En el año y medio que le queda, el Gobierno debe decidir si permite que esa demolición continúe o si actúa proactivamente para detenerla y revertirla. Implica creer en la importancia del crecimiento económico y, a partir de allí, establecer una relación con el Congreso para proponer una agenda reformista; frenar las invasiones de competencia del Poder Judicial; y aceptar que gobernar en función de los índices de popularidad es entender mal su responsabilidad.
