Bajo cierta óptica todo indica que estamos avanzando en América Latina en los últimos diez años. Tanto en crecimiento sostenido así como en reducción de la pobreza y de la desigualdad. Hay ciertas notas “disonantes”, sin embargo, que parecerían indicar que en algunas cosas no vamos mejorando. Por ejemplo, en los índices de criminalidad. Esta es, sin embargo, otra cara de una misma moneda. Hasta cierto punto, suele ser uno de los tantos subproductos del crecimiento.
Nunca le fue tan bien a nuestra región en ciertos aspectos socioeconómicos. Durante la última década el crecimiento económico fue de alrededor del 80%. Eso trajo consigo una disminución de la pobreza, también sin precedentes en la historia latinoamericana. Bajó en 30%: de 44% de pobres sobre el total de la población en 2002 a 31% en el 2012.
Lo más llamativo, sin embargo, es el crecimiento de la clase media (+30%) y, especialmente, la disminución de la desigualdad (caída del índice Gini en 0,54). Llamativo, porque la desigualdad se acentuó en todas las demás regiones del mundo y porque ha sido usual en todos los procesos de crecimiento una agudización de la desigualdad.
Dejemos para otro análisis lo que pueda haber de vulnerabilidad en estos indicadores positivos. Que dependen en mucho del comportamiento de la economía y de los precios internacionales. Vayamos a otros indicadores y procesos que aparecerían como contradictorios a estas buenas noticias. El aumento de la criminalidad es uno de ellos.
No es el Perú un “puntero” en la criminalidad regional. Como lo he recordado en esta misma página (LR, 15/6/2013) nuestro país está dentro del 25% de países con menos homicidios en la región. Son las distorsiones generadas por ciertos intereses políticos los que pretenden –sin fundamentos ni cifras a la mano – que se está al borde del precipicio. Es verdad, sí, que el panorama es dramático en otros países de la región (Honduras y El Salvador, por ejemplo). Y que en prácticamente todos, la delincuencia urbana está creciendo.
La porción más “dinámica” de esa delincuencia urbana es la que se genera y expande entre sectores juveniles. Que tienen su “tótem” más llamativo en las “maras” centroamericanas, retroalimentadas con las deportaciones desde EE.UU. a sus países de origen de decenas de miles de prontuariados. Siendo este un ingrediente que nutre el crimen, lo cierto, sin embargo, es que hay condiciones socioeconómicas locales, internas, que apuntan en la misma dirección. Una de ellas es el “sueño” que se alimenta y expande precisamente por el contexto de crecimiento económico y del bienestar de algunos.
En esa dinámica hay un “bolsón” demográfico y social fundamental que está quedando un poco en el camino: la juventud. Como ya lo he dicho aquí mismo (LR, 15/6/12), que haya 10 millones de jóvenes en América Latina de entre 15 y 18 años que “ni” estudian, “ni” trabajan, es un evidente caldo de cultivo de conductas antisociales. Máxime cuando hay ausencia total de políticas de prevención y se vive con la ilusión de que únicamente con “más policías” se podrá garantizar la seguridad ciudadana. El Perú tiene uno de los porcentajes más altos de “ninis”: 26,1%. Una bomba de tiempo. Que felizmente no se ha traducido –aún, al menos– en los niveles de criminalidad hondureños (28% de “ninis”).
En ese contexto social, son indispensables las políticas preventivas orientadas a esos bolsones juveniles. En situaciones límite, junto a medidas de seguridad, pueden tener resultados impresionantes. Así, por ejemplo, lo hecho en promoción del deporte, cultura, educación y empleo entre los jóvenes de Ciudad Juárez, una de las ciudades con más violencia y criminalidad de México, ha sido espectacular en la reducción de homicidios.
Quienes realmente quieren aportar con soluciones a la violencia y la criminalidad en el Perú, y no solo jalar agua para su molino político, se deben nutrir de experiencias como estas. Esperar milagros solo con “más policías” es, por lo menos, una ingenuidad. Es esencial, pues, que el componente de “prevención” sea central y concreto en las decisiones y lineamientos sobre seguridad ciudadana.
Tomado de La República, 18 de abril del 2013
