Fundación para el Progreso – Chile
Gabriel Mora
Publicado en El Pingüino
02.07.2023
En la misma semana que se estrenó el reality show «Gran Hermano» en Chile, el gobierno ha decretado la creación de una Comisión contra la Desinformación. George Orwell en su libro narra sobre un mundo distópico donde un partido único, y a través del Estado, busca ejercer un control absoluto sobre las decisiones de los ciudadanos por medio de la censura, la vigilancia constante y tergiversación de la información. Este ente controlador es llamado «El gran hermano», de aquí el nombre del programa.
En el texto mencionado, el autor quería advertirnos sobre la importancia de la información y la protección de la verdad, y advertirnos de los riesgos que tiene el que una figura autoritaria concentre los medios de comunicación o sea capaz de decidir lo que es la verdad oficial y lo que no lo es.
En base a esto, pareciera que esta lección no ha sido recibida por el gobierno, quienes han decidido que la Comisión contra la Desinformación sea conformada por 9 personas que en su totalidad serán designadas por quienes hoy gobiernan, sin contrapesos ni quien los controle. Es decir, con un sesgo claro hacia las ideas de quién es presidente, y de esta forma tendrá la función de proponer políticas públicas para reducir los efectos asociados entre desinformación y democracia. ¿Qué tipo de políticas públicas podría proponer? ¿Es posible que sugiera algún tipo de censura? De ser así ¿Sería legítima su implementación?
«La libertad de expresión es un derecho primordial para la preservación de la democracia. Y esta libertad debe ser lo más amplia posible».
Tal vez, para entender porque se ha llegado a la creación de esta comisión es necesario recordar que existe un sector que ha culpado sistemáticamente a la desinformación por las grandes derrotas electorales del último tiempo.
Sin ninguna autocrítica han decidido salir a dar giras internacionales apuntando con el dedo a las noticias falsas tachándolas como las verdaderas culpables de que la propuesta de constitución fuera rechazada por más del 60% de los votos.
Hay quienes en ningún momento se han cuestionado si el texto era realmente malo.
Sin embargo, seríamos ingenuos si solo nos conformamos con esa explicación, es bien sabido que el expresidente Salvador Allende intentó estatizar el papel periódico, buscando tener un control de estos medios. Y es que la constante preocupación por tener controlada la libertad de expresión es parte ya del ADN de una parte de nuestra clase política, que ve en las disidencias discursivas un peligro para su gobernabilidad y agenda ideológica.
Por esto es preocupante ver cómo se promueven políticas públicas que avanzan en la limitación de libertades individuales con la excusa de un bien mayor. La realidad es que nadie puede ser erigido como un guardián de la verdad, mucho menos una comisión con claros sesgos.
La libertad de expresión es un derecho primordial para la preservación de la democracia. Y esta libertad debe ser lo más amplia posible. Debe ser acompañada de responsabilidad por parte de quien hace uso de esta, pero no debe existir censura previa ni coartar en pos de otros fines que no sea la preservación de la vida. Nadie es dueño de la verdad, y si bien es importante promover el criterio de quien consume medios de información, no se debe buscar limitar a estos, pues en el camino podríamos terminar callando identidades y opiniones que merecen ser expresadas. Lampadia
