Desde que se aprobó de manera precipitada el proceso de regionalización, las cosas han ido de mal en peor. Para empezar, en los últimos 12 años, salvo contadas excepciones, los gobiernos regionales no se han institucionalizado ni consolidado, al contrario, con cada nueva elección salen todos los empleados y funcionarios, hasta los conserjes son cambiados.
Por otro lado, se les han ido transfiriendo sucesivamente diversas funciones sin estar muchos de ellos preparados, mientras que por el lado de ingresos presupuestales estos se han multiplicado. Al final, tenemos en la enorme mayoría de casos gobiernos regionales altamente ineficientes, sin capacidad alguna de ejecutar correctamente su gasto y menos aun de poder fiscalizarlo. Pero cuentan con abundantes recursos para proyectos de inversión, gracias al canon, sin tener mayor supervisión o control centralizado.
En realidad, la mezcla de precariedad institucional con presupuestos elevados era una receta segura para la corrupción y esta, inevitablemente, se ha materializado. Incluso la velocidad con la que los gobiernos regionales han sido copados por las mafias ha sorprendido a tirios y troyanos.
Así tenemos que, luego de los escandalosos destapes que hemos visto esta semana en Áncash, Tumbes, Cajamarca –que no fueron descubiertos por los encargados de fiscalizarlos, en todos los casos fueron los medios de comunicación quienes los denunciaron–, queda sin duda confirmado que la regionalización ha fracasado.
¿Se imaginan si se aplica la lupa de la opinión pública con la misma intensidad en las otras 23 regiones lo que se podría encontrar? En realidad, es aterrador cómo el manejo político en las regiones se ha degenerado, muchas se han convertido en un antro de criminales y el Estado ha demostrado que no tiene capacidad alguna para enfrentarlos.
Más aun, el accionar de los gobiernos regionales tiene un rechazo mayoritario en la encuesta que hoy publicamos, mientras que sus presidentes están últimos en la lista de las autoridades políticas consideradas más relevantes por los ciudadanos. En suma, las regiones se crearon de modo apresurado y para la población no han tenido ningún impacto, da la impresión de que una modificación radical de la actual legislación es lo que estamos necesitando.
En ese contexto, y estando a menos de cinco meses de las próximas elecciones, el Congreso debería actuar con urgencia para iniciar el proceso de fusión a 8 o 10 macrorregiones que hagan más sentido, tengan más capacidad de gobernar y dejen al país menos atomizado. Así como fortalecer el control presupuestal del Gobierno Central sobre las regiones. De esa manera, los que sean elegidos en octubre tendrán muy claro las nuevas reglas con las que estarán gobernando.
Si bien muchos dirán que esas medidas serían un retroceso en la descentralización, el hecho real es que si no actuamos de inmediato corremos el riesgo de que, luego de cuatro años más de este creciente nivel de desorden y corrupción, el deterioro sea de tal grado que al final no quede más remedio que derogar la regionalización. Recordemos que no sería la primera vez en nuestro país que un intento mal diseñado de combatir el centralismo termina fracasando. Por ello, para avanzar y verdaderamente descentralizar en estos momentos no queda otra alternativa que centralizar dando un paso atrás.
