Se habla mucho de que esta última crisis financiera es en realidad una crisis del sistema capitalista. Otros opinan, por el contrario, que se debe al mal funcionamiento del sistema socialista. Lo extraño es que la crisis ha afectado a países que tuvieron ambos sistemas en épocas sucesivas de su historia. En esos casos, el debate gira en torno a cuándo realmente se engendró la crisis, si fue durante el régimen socialista o en la etapa capitalista.
Es usual que en estas discusiones las miradas volteen hacia Asia para analizar más detenidamente a China, que viene creciendo sostenidamente y sin sobresaltos desde hace casi 20 años. China es un país complejo que ha dejado atrás su modelo económico comunista, liberando las ansias de sus ciudadanos por las enormes privaciones que soportaron por décadas, no solo en lo que a bienes materiales se refiere, sino también en lo concerniente a las libertades individuales, aunque en este aspecto persisten las limitaciones propias de un régimen político de partido único y sin elecciones universales y libres. País complejo también por su inmensa población, casi un quinto la de toda la Tierra, China es hoy difícil de clasificar: ¿su régimen es socialista, comunista o capitalista? No hay duda de que en lo político es un estado totalitario (aunque con elecciones según cronograma y cambios presidenciales) pero su política económica es claramente de corte capitalista. O podríamos decir: de buen sentido común. ¿Es el chino el modelo a seguir, considerando el inmenso desarrollo económico que ha logrado? De hecho, hay aspectos que deben ser analizados objetivamente para ver en qué medida se podrían adoptar en otras partes, al margen de que sea inaceptable la privación de las libertades en China. Lo interesante, y que hay que resaltar y en lo posible imitar, es un sistema que ha permitido reformas económicas trascendentales y en consecuencia el progreso decidido del país y sus ciudadanos.
Creemos en efecto que en el modelo chino hay algunas lecciones para el Perú y por eso, con las reflexiones anteriores como fondo, planteamos un esquema que quizá pueda servir de base para un nuevo debate sobre la mejor forma de alcanzar las reformas estructurales que el Perú necesita y que hasta ahora se posponen una y otra vez. Esta propuesta no tiene la pretensión de ser una idea acabada, sino tan solo un punto de partida que otros puedan completar y perfeccionar.
Lo que planteamos es una manera diferente de postular a la Presidencia de la República. La modificación empieza por exigir a los candidatos a toda elección presidencial que, para poder inscribirse, presenten obligatoriamente, con dos meses de anticipación a la fecha de la primera vuelta electoral, entre tres y cinco proyectos de ley ante el Jurado Nacional de Elecciones. Estos proyectos deben contener todos los detalles del ámbito al que se refieren, cubriendo exhaustivamente los aspectos relevantes. Los candidatos que no presenten proyectos no podrán participar en el proceso.
Queda claro que la campaña se centrará en los proyectos presentados y su valoración por los electores determinará el ganador. Una vez que el nuevo Presidente asuma el cargo, enviará sus proyectos de ley al Congreso, también recientemente elegido, para que los revise pero solo en lo que se refiere a su conformidad con la Constitución. En caso el Congreso estime que alguno de los proyectos presentados infringe la norma constitucional, tendrá un plazo máximo de 60 días para remitirlo con sus observaciones al Tribunal Constitucional, para que dictamine al respecto. Si la resolución del TC resultara desfavorable, el Gobierno deberá adecuar el proyecto a las reglas constitucionales dentro de un plazo fijo, para luego volver a presentarlo al Congreso. Este podría además proponer al Gobierno un proyecto con las modificaciones que vea por conveniente, pero en ese caso el Ejecutivo es el que finalmente decidirá si lo acepta o no.
La ventaja de este sistema es que los gobiernos entrantes se asegurarán la realización de reformas previamente respaldadas por el pueblo, siempre y cuando respeten la Constitución. Ya no será necesaria la votación en el Congreso para estos tres a cinco proyectos de ley. En otras palabras, la aprobación se dará con el voto mayoritario del pueblo y no solamente del Congreso. Las leyes entrarán en vigencia a los 30 días de su aprobación final según el sistema antes descrito, y los reglamentos deberán expedirse a los 60 días de aprobadas las leyes. Estas leyes podrán ser modificadas posteriormente con los votos necesarios en el Congreso, según manda la Constitución, asunto que no será fácil ya que sabemos que las mayorías son difíciles de conseguir en ese foro.
Las ventajas de este sistema son:
1) Permite que los electores conozcan a plenitud y con toda exactitud las acciones más importantes que tomará el gobierno electo. Ya no habrían cambios de ruta a último momento, y mucho menos sorpresas.
2) Durante las elecciones, habrá debates con mucha profundidad que abarcarán los temas presentados en los proyectos de ley.
3) Es muy probable que la calidad de los candidatos mejore, ya que deberán conocer a cabalidad los temas tratados en los proyectos para poder sustentarlos y debatirlos durante el período electoral.
4) Uno de los aspectos más importantes: será posible hacer los cambios estructurales que necesita el país cada cinco años.
5) Los candidatos se esforzarán en presentar los mejores proyectos de ley, ya que serán ellos los que tendrán que implementar las reformas que conlleven.
Bajo el sistema actual es casi imposible hacer reformas profundas. Los proyectos que pasan por el Congreso, cuando no se estancan indefinidamente, son por lo general modificados y hasta mutilados en un proceso de negociaciones que muchas veces solo tienen que ver con asuntos partidarios o personales; negociaciones no transparentes mientras el Gobierno tiene que sortear conflictos sociales. Además, con frecuencia los parlamentarios están divididos o el partido de Gobierno no tiene mayoría en el Congreso, lo cual impide hacer las reformas necesarias.
Se ha argumentado a veces que en el Perú no puede funcionar de lleno una democracia porque el pueblo no tiene nivel suficiente de educación, pero en los países que sí tienen una población más educada y cuando el voto no es obligatorio, es usual que las elecciones se lleven a cabo con una participación de solo 30% de los votantes, lo que también está lejos de ser el ideal de la representación popular. Y por cierto una observación con mucha importancia es la de que, los Congresos a nivel mundial, pero sobre todo en el Perú, gozan de una muy reducida popularidad.
Las últimas grandes reformas en el país datan del primer gobierno de Fujimori y fueron impuestas tras el autogolpe y el cierre del Congreso. Los siguientes Gobiernos no pudieron –ni puede el actual hasta ahora- reformar a fondo el sistema de salud, la educación, el sistema judicial, resolver los problemas de regionalización del país y tantos otros aspectos fundamentales que esperan un cambio prioritario y urgente. ¿Podremos lograrlo sin reformar el sistema democrático? La pregunta queda servida sobre la mesa…
