Por: Fernando Zavala, Presidente del Consejo Privado de Competitividad e Investigador del Consejo Privado de Competitividad, y
Miguel Jaramillo, Investigador del Consejo Privado de Competitividad e Investigador del Consejo Privado de Competitividad
El Comercio, 14 de diciembre de 2018
El Comercio, 14 de diciembre de 2018
El último reporte de competitividad del Foro Económico Mundial nos ubica en el puesto 72 de 140 en el pilar del mercado laboral. Esto no es algo nuevo, ya que la informalidad laboral y la empresarial son problemas graves que enfrenta el Perú desde hace años. En el ámbito laboral, 12,2 millones de personas trabajan en la informalidad. Estos trabajadores (y sus familias) no tienen cobertura de salud apropiada y sostenible en el tiempo ni trabajan en condiciones adecuadas. Por el lado empresarial, más del 50% de las empresas son informales. Estas empresas asumen, entre otros, altos costos de acceso al mercado financiero, limitando su crecimiento. Los resultados son evidentes: somos la mitad de productivos que Chile y el tercio de Corea del Sur.
Según un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la pequeña empresa registra aproximadamente un 50% de la productividad de las empresas medianas y grandes, por lo que, con las políticas adecuadas, podría absorber los costos de la formalización. La apuesta del Consejo Privado de Competitividad (CPC) es la de generar condiciones para que estas pequeñas empresas se formalicen y sean “incubadoras” de empleo formal, permitiendo que más trabajadores cuenten con una cobertura apropiada de salud para ellos y sus familias y que laboren en condiciones de empleo adecuadas, lo que generaría un impacto positivo sobre su productividad.
Para ello, es necesario incorporar el SIS “al paquete de la formalidad”, de acuerdo con las propuestas de la Comisión de Protección Social. Primero, se incrementaría la cobertura del SIS a las nuevas contrataciones de pequeña empresa bajo el régimen semi-contributivo (825 mil trabajadores informales entrarían a la formalidad).
Segundo, se necesita tener la posibilidad de utilizar la remuneración integral anual (RIA) para todos y no solo para aquellos trabajadores que ganen más de 2 UIT. Esto es clave para garantizar más liquidez mensual para el trabajador formal.
Tercero, establecer de manera clara y predecible los criterios de actualización y la metodología de cálculo de la remuneración mínima vital (RMV) y que se diferencie por regiones. En el último aspecto, se debe considerar que tanto el costo de vida como la productividad de cada región varían, por lo que tener una sola RMV resultaría restrictivo para alcanzar la formalidad en provincias. Esta propuesta no implica bajar la RMV actual, sino incorporar estos criterios en las actualizaciones futuras.
El tema del término de la relación laboral ante despido injustificado también es clave. El Perú ocupa el puesto 128 de 140 en el subcomponente de prácticas de despido y contratación en el pilar del mercado laboral. Efectivamente, un estudio de Grade señala que 4 de cada 5 contratos son a plazo fijo. Esta tendencia de contratación se dio a partir del 2001, cuando el Tribunal Constitucional (TC) falló a favor de la reposición del empleo en casos de despidos injustificados. Según los autores, la pérdida salarial para los trabajadores que al 2015 tuvieron un contrato a plazo fijo, y debieron tener un contrato indeterminado, ascendió a S/6.100 millones.
El CPC busca promover el uso del Protocolo de San Salvador y la presentación de informes de impacto económico al TC bajo la figura del “amicus curiae”. El objetivo de las propuestas es que el Perú adopte la normativa internacional que reconoce la indemnización como vía de finalización de la relación laboral en caso de despido injustificado, y evidenciar el efecto de las reposiciones laborales en el bienestar de los peruanos.
Otra propuesta del CPC está vinculada a reconocer la estacionalidad de determinados sectores productivos en la normatividad laboral. En ese sentido, se propone que se otorgue carácter de permanente al régimen laboral del sector agrario, forestal y acuícola y se haga extensivo a sus cadenas productivas, permitiendo la integración del mediano y pequeño productor.
Durante los últimos años, la segunda generación de reformas para seguir creciendo y disminuyendo la pobreza se ha postergado, afectando así la competitividad del Perú. Esperamos que la implementación de algunas de estas propuestas pueda contribuir a generar el mercado laboral dinámico que necesitamos para incrementar la productividad, y con ello, el bienestar de los peruanos.
