Fernando Rospigliosi
Expreso, 26 de enero del 2026
«Los policías que salvaron al Perú de caer en las garras del comunismo en esa ocasión, se verán sometidos a la tortura de interminables interrogatorios, audiencias y trámites. Las carreras de los que están en actividad cuestionadas o arruinadas.»
Una fiscalía de Derechos Humanos (que solo defiende los DDHH de terroristas y delincuentes) ha pedido 35 años de prisión para el ex comandante general de la Policía Nacional (r) Raúl Alfaro, los generales PNP (r) Jorge Angulo y Luis Flores –ex jefe de la región policial Apurímac- y para los jefes de la División de Orden Público y Seguridad de Abancay, Victor Sifuentes y Rodolfo Porfirio; también para los policías José Calatayud, Rolando Taracaya, David Chapa, Joel Cabrera, William Pomasunco, Daniel Pocco, Max Cuélla y Nobel Inca.
Los acusa de la muerte de un manifestante en Apurímac en febrero de 2023, cuando turbas violentas, alentadas por terroristas y financiadas por economías ilegales, intentaron reponer en el Gobierno al golpista Pedro Castillo para instaurar en el Perú una corrupta dictadura como las de Venezuela y Cuba.
También se requirió 33 años y seis meses de cárcel para Jhemmy Jáuregui y Edu Rivera, y 30 años de prisión para Wilfredo Oscco. A ellos se les acusa por los delitos de tentativa de homicidio calificado, exposición a peligro de persona dependiente y omisión de socorro.
La autora de esta monstruosidad es la fiscal Elizabeth Quispe Palma, que supuestamente realizó la investigación. Andrés Ángel Montoya Mendoza es el Fiscal Superior Titular y Coordinador Nacional de las Fiscalías Penales Supraprovinciales Especializadas en Derechos Humanos e Interculturalidad, que perpetra el cruel y bárbaro atropello contra la legalidad y los derechos humanos de los policías.
Como es obvio, esa fiscal no realizó ninguna investigación seria. Solamente por el odio que profesa a la policía y su simpatía por los violentos que trataron de instalar una dictadura comunista en el Perú, ha sido capaz de cometer semejante injusticia.
Porque en el supuesto no demostrado que la PNP hubiera cometido un error o exceso al repeler a los violentos que la atacaban, se debía determinar con precisión e individualizar al responsable. Y el grado de culpabilidad.
Pero esa fiscal pro terrorista no ha hecho eso, por supuesto. Ha involucrado EN BLOQUE a más de quince personas, desde los policías que estuvieron presentes, defendiendo los activos críticos del Perú y su propia vida, hasta el comandante general de la PNP, pasando por el jefe de región, etc.
Y el fiscal jefe de esas nefastas fiscalías de DDHH (solo defensoras de delincuentes y terroristas) ha hecho suya la acusación.
El fiscal de la Nación debería hacer algo.
Los policías que salvaron al Perú de caer en las garras del comunismo en esa ocasión, se verán sometidos a la tortura de interminables interrogatorios, audiencias y trámites. Las carreras de los que están en actividad cuestionadas o arruinadas. Y este es solo UNO de los incontables procesos contra cientos de policías y militares.
Por si fuera poco, el Ministerio del Interior no está cumpliendo con pagar a los abogados, como corresponde, y los policías tienen que asumir las cuentas.
Se requieren soluciones radicales. Hay que reformar y BARRER el sistema judicial.
