Por: Fernando Rospigliosi
Expreso, 16 de Enero del 2023
En varios lugares asolados por la violencia delincuencial y terrorista, grupos de ciudadanos afectados han empezado a manifestarse en las calles, exigiendo el cese de la barbarie y reclamando su derecho al trabajo y al desarrollo de sus actividades.
Varias marchas por la paz se han realizado en diversos puntos del país. Inmediatamente las ONG caviares, que defienden el derecho a la violencia de delincuentes y terroristas, han comenzado a quejarse. Dicen que es una estrategia para “desmovilizar la protesta con el terror” y advierten que los ciudadanos que demandan el cese del caos y la vuelta a la tranquilidad “pueden cometer violación de derechos humanos” (IDL).
Nuevamente, una grosera tergiversación de la realidad de los caviares, que atacan a aquellos que se manifiestan pacíficamente y defienden a las turbas que incendian, saquean y matan.
En verdad, es muy positivo que se estén realizando movilizaciones de personas hartas de la violencia y de las brutales acciones de aquellos que pretenden reponer en el gobierno al malhechor recluido en Barbadillo.
No obstante, ellos llevan las de perder si no tienen el respaldo del Estado. Los delincuentes y terroristas que organizan y promueven los asaltos a aeropuertos, la quema de comisarías e instalaciones públicas y privadas, y las agresiones violentas a las fuerzas del orden, no se van a detener porque exista una gran mayoría de ciudadanos que los repudie y que quiera recuperar el orden y la tranquilidad.
En tanto el Gobierno sigue sin entender que es indispensable usar los instrumentos que él mismo ha decretado. El estado de emergencia tiene que ponerse en práctica, no basta publicar un decreto en el diario oficial.
Por ejemplo, está suspendida la garantía constitucional al libre tránsito. Sin embargo, las turbas financiadas por el narcotráfico y la minería ilegal se movilizan libremente en caravanas de vehículos. Cualquier persona puede ser detenida sin mandamiento judicial, pero no se apresa a los cabecillas y azuzadores que en muchos lugares están plenamente identificados. Recién se ha detenido a la senderista Rocío Leandro y algunos de sus secuaces en Ayacucho, después que causaran varios muertos y heridos.
Los comunistas y caviares, a través de los muchos medios que influyen y controlan, exigen que el Gobierno se paralice, que no emplee los mecanismos constitucionales para frenar a las turbas, sino que “dialogue”.
Como bien dice Mario Ghibellini, “Lo que esas voces en el fondo reclaman es que los millones de peruanos que no estamos dispuestos a aceptar el chantaje de esas hordas destructoras nos rindamos. Y eso es inaceptable. El intercambio de pareceres es por cierto un instrumento valioso y deseable para evitar la devastación y la muerte. Pero practicarlo con los que apedrean, saquean e incendian solo resulta viable en el mundo de las ideas. Frente a ellos, lo que corresponde es imponer la autoridad con arreglo a ley. Los que crean que esos trances violentos se pueden superar dialogando que vayan a hacerlo al río.” (“El Comercio”, 14/1/23).
