Fernando Rospigliosi
Expreso, 11 de agosto del 2025
El Tribunal Constitucional determinó la constitucionalidad de la ley 32130 que devuelve la investigación preliminar a la Policía Nacional, que había sido impugnada por la fiscalía.
De esa manera queda establecida, sin lugar a dudas, la legitimidad de la norma que repone las cosas en su lugar. La investigación siempre ha sido tarea de la policía, que se especializa en esa labor, aquí y en todas partes del mundo civilizado.
No obstante, la ola woke (caviar) que se expandió por el mundo, ocasionó presiones externas para imponer el absurdo de sustraer a la policía esta función esencial. Los izquierdistas en EEUU odian a la policía y allá la manera que tienen de debilitarla es reducirle el presupuesto y el número de efectivos. Eso es lo que propone, por ejemplo, el candidato del Partido Demócrata a la alcaldía de Nueva York Zohran Mamdani y otros como él.
Pero aquí no pueden hacer eso. Entonces presionaron para quitarle competencias básicas como la investigación preliminar. Aprovechando que a principios de la década del 2000 se discutía el Tratado de Libre Comercio con los EEUU, apremiaron al gobierno peruano -y a otros de la región- para introducir eso en el Nuevo Código Procesal Penal (NCPP), en el que se cambiaba también el modelo inquisitivo, de origen europeo continental, por el acusatorio, anglosajón.
Y lo lograron. Siendo ministro del Interior, me opuse firmemente a eso en el gabinete ministerial, que tenía que aprobar el NCPP como Decreto Legislativo. Había sido advertido de ese problema por la policía, en particular por el entonces jefe de la Dirección Contra el Terrorismo, el general Marco Miyashiro. Cuando salí, el Consejo de Ministros lo aprobó.
El resultado está a la vista. El transferir esa función a los fiscales que no saben investigar, es una las principales causas del desborde de la criminalidad. Procesos lentísimos, delincuentes capturados en flagrancia liberados, etc. son las consecuencias de ese error.
Cuando ingresé al Congreso, una de las primeras tareas a las que me dediqué, fue preparar un proyecto de ley restableciendo lo que nunca debió cambiar. Conté con la invalorable colaboración de policías que conocen el tema y son abogados, como los generales (r) Cluber Aliaga y Carlos Gómez Cahuas. También el general (r) José Baella y el ex miembro del GEIN José Luis Gil, entre otros.
La ley 32130 se aprobó en octubre del año pasado. La defensa -ad honorem- del Congreso ante el TC, estuvo a cargo del abogado Aníbal Quiroga, que sustentó con su acostumbrada solvencia la constitucionalidad de la norma.
Ahora la PNP y el Ministerio del Interior tienen que aplicar la ley, dado que la fiscalía se resiste a ponerla en práctica.
Y reentrenar a los policías, sobre todo a los más jóvenes, que han ingresado a la institución cuando estaba vigente el NCPP y no están adiestrados en la elaboración de lo que era el atestado policial.
Un avance en la lucha contra la delincuencia.
