Fernando Rospigliosi
Expreso, 25 agosto del 2025
Algunas personas con buenas intenciones, pero con algo de ingenuidad, han dicho que en vez de la ley de amnistía recientemente promulgada (32419) debería haberse analizado caso por caso. Y lo mismo para una idea que he planteado sobre la posibilidad de una amnistía para los más de 350 policías y militares investigados y procesados por defender la democracia e impedir que el golpista Pedro Castillo retornara al gobierno para imponer una dictadura en 2022/23.
Eso no es posible por la sencilla razón que la fiscalía acusa en bulto. Por ejemplo, por un suceso ocurrido en Ayacucho en el año 1984, involucran a varios destacamentos y a toda la línea de mando hasta llegar al jefe. Luego, ellos tienen que probar su inocencia, cosa prácticamente imposible con un sistema politizado y prevaricador, donde se utiliza la “autoría mediata” para sentenciar a cualquiera que haya estado en la región, aunque no tuviera nada que ver con el hecho imputado.
Una muestra de ello es el caso del octogenario almirante Alberto Rivero, recientemente fallecido, injustamente sentenciado a 18 años de prisión -junto con otros marinos- el año pasado por la juez Miluska Cano y sus secuaces. (Ver ese caso en esta página: “¡Canallas!”, 7/10/24). Rivero no tuvo nada que ver con el suceso imputado, ocurrido hace 40 años, no tenía mando y estaba en Lima cuando sucedieron los hechos.
¡Es a la fiscalía a la que deberían exigir que analice caso por caso!
Pero hay más. Si se amnistiara a varios miembros de las fuerzas del orden con nombre propio, el asunto no terminaría, porque todos los días la fiscalía sigue abriendo nuevos casos contra ellos.
Por ejemplo, en un comunicado reciente dicen que recuperaron “los restos de dos personas que habrían sido ejecutadas en 1990 por militares en Huanta durante el PERÍODO DE VIOLENCIA EJERCIDA POR MIEMBROS DEL ORDEN entre los años 1980 y 2000”. (Mayúsculas mías). Culpan a los efectivos de la base de Pampas Tayacaja y a “ronderos de las zonas aledañas”
Abren una fosa de hace 35 años y de inmediato responsabilizan a los militares y no a los terroristas de Sendero Luminoso, antes de haber realizado investigación alguna. Peor aún, se refieren al “periodo de violencia ejercida por los miembros del orden”, no al periodo de violencia terrorista. Léanlo bien, no es un pronunciamiento del Movadef o de una ONG pro terrorista. Es de la fiscalía.
Lo mismo ocurre con los miembros de las fuerzas del orden que repelieron a los delincuentes que asaltaron instalaciones 2022/23. Por ejemplo, a todos los policías que defendieron el aeropuerto de Juliaca, les han abierto carpetas fiscales. Los van a procesar por los siguientes 5, 10, 15 o 20 años. Muchos serán sentenciados injustamente.
¿Vamos a permitir eso?
La fiscalía no investiga caso por caso, involucran a decenas, centenares, indiscriminadamente. ¿Vamos a caer en su juego?
Hay que aplicar la ley de amnistía y denunciar a los magistrados prevaricadores.
¡Soluciones radicales!
