Hace pocos días, desde Contribuyentes por Respeto preguntamos a la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) cuántas multas impuso y por qué conceptos del 2009 al 2013, y cuántas de estas sanciones no fueron apeladas en ese período. También consultamos al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) las veces en que el Tribunal Fiscal revirtió decisiones de la Sunat en estos mismos años. La respuesta, en ambos casos, fue la misma: no estamos obligados a dar esta información porque no la tenemos preparada.
Se trata de información tan simple, que la negativa no puede sino calificarse como una traba irrazonable a una solicitud de acceso a información pública. Lamentablemente, no hay una institución promotora y garante de la transparencia y acceso a la información pública a la que podamos recurrir, como existe en Canadá, México, Chile, El Salvador, Panamá, etc. Y recurrir al Poder Judicial, vía un hábeas data, no es una opción porque el proceso dura –en la mayoría de casos– más de 570 días.
Por otro lado, si fuera verdad lo que dicen la Sunat y el MEF, ellas estarían contraviniendo la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública (Decreto Supremo 004-2013-PCM), que requiere una evaluación constante de resultados para planificar su propia gestión. Y, además, estarían trasgrediendo los compromisos de la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA), a la cual se incorporó el Perú en el 2011, según la cual la sociedad civil debe poder obtener fácilmente información relevante para ?scalizar a los funcionarios públicos.
La buena noticia es que en el 2012, la Defensoría del Pueblo presentó a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) un anteproyecto de ley para crear una autoridad nacional para la transparencia y el acceso a la información pública, iniciativa parte del Plan de Acción del AGA para el período 2012-2014. La propuesta es que esta nueva autoridad tenga facultades como formular opiniones vinculantes sobre el alcance de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, mediar y resolver controversias a escala administrativa, establecer criterios para archivar y desclasificar información pública, armonizar criterios con normativas como la de protección de datos personales, fiscalizar y eventualmente sancionar el incumplimiento de dicha ley; con multas que llegan hasta al 30% de los ingresos mensuales del funcionario, y a 50% en caso de reincidencia. A lo cual yo agregaría velar por que las entidades públicas transparenten los actos de gestión de intereses, y se genere un sistema de notificaciones electrónicas que permita a los grupos de interés potencialmente afectados ejercer un derecho de réplica inmediato.
No siempre crear más Estado es crear más burocracia innecesaria. Pensemos en el valor de la información no solo para la toma de decisiones sino para fortalecer la democracia. El costo de no tenerla es altísimo. Se trata de una reforma que contaría con el apoyo de liberales y progresistas, además de la comunidad internacional. La mesa está servida para el Gobierno. ¿Tendrá liderazgo y voluntad política? Si no la tiene, acá existe una gran oportunidad para los congresistas de oposición.
