El domingo, el diario El Comercio publicó una nota sobre el desafío del sistema previsional, en la que se lanzó la propuesta de cerrar las AFP y la ONP y reemplazarlas por un nuevo sistema público para todos, financiado con el impuesto al consumo (el IGV). A primera vista, parece una propuesta sensata que sería bienvenida por todos los trabajadores, ya que evitaría que les deduzca alrededor del 13% de su sueldo para financiar sus pensiones de vejez. Sin embargo, cuando se analiza cuidadosamente sus efectos, se convierte en una propuesta inviable que traería serios problemas al país. El propio Santiago Levy, alto funcionario del BID que mencionó que una propuesta de este tipo habría sido interesante cuando se empezaron a plantear los esquemas previsionales en la región, reconoció que era de muy difícil su implementación en el contexto actual.
El argumento para crear el nuevo sistema financiado con el IGV en vez de una contribución sobre las remuneraciones es que de esta manera se desincentiva la informalidad en el empleo pues ya no se contribuye sobre los sueldos. Pero lo que no se menciona es que si queremos financiar las pensiones futuras de todos nosotros con el IGV, tendríamos que aumentar la tasa de dicho impuesto en varios puntos porcentuales, ya que el 18% actual ya tiene otros usos. Un aumento fuerte en el IGV contribuiría a aumentar la informalidad de las empresas, y por lo tanto no queda claro el beneficio de esta reforma. Como dicen los gringos, en política económica no hay “free lunches”.
Adicionalmente, la reforma propuesta nos trae al menos tres problemas muy serios. El primero de ellos es cómo hacemos para devolver el dinero a las personas que contribuyeron al sistema privado, a no ser que la idea sea expropiarles los fondos, como hizo Argentina hace unos años. Los fondos de las AFP pertenecen a sus afiliados y están invertidos en una serie de instrumentos financieros, buena parte de ellos a largo plazo. Si se tuviera que devolver los fondos, esto ocasionaría un fuerte impacto en los precios de las acciones y de los bonos en el país, ya que habría que vender dichas inversiones. El segundo problema, no menos serio, es que al eliminar el SPP el país se quedaría sin ahorro a largo plazo, ya que actualmente las AFP y las empresas de seguros se nutren de los ahorros de largo plazo de los afiliados y jubilados del SPP para invertir los fondos en proyectos de largo plazo en una serie de sectores, como transporte, construcción, energía, agua potable y alcantarillado y minería, entre otros; con el consiguiente impacto negativo sobre la inversión, el crecimiento económico y el empleo en el país.
El tercer problema es que al regresarnos a todos, formales e informales, a un sistema de reparto en el que el Estado nos garantiza una pensión a futuro, sin que percibamos un costo directo, sembramos la semilla para que exista una permanente demanda por un incremento de pensiones, que esta vez no va a tener detractores ya que, supuestamente, todos nos beneficiaríamos tarde o temprano.
En la realidad, lo que ocurriría es que acabaríamos quebrando al fisco. Es positivo que se planteen reformas al sistema previsional del país, pero hay que ser muy cuidadosos en el análisis de sus implicaciones y efectos, antes de lanzarlas, particularmente cuando se presentan como panaceas sin costo para nadie. [Lampadia ha publicado algunas notas sobre este tema. Adjuntamos los siguientes artículos para su revisión: Enfoquemos adecuadamente el debate y El IGV como aporte al Fondo de Pensiones y formalización del empleo.
No estamos de acuerdo con el cierre de las AFP. Nuestra propuesta es mejorar este sistema]
