Por: Federico Salazar
El Comercio, 12 de Noviembre del 2023
“Intentar contratar sicarios tiene efectos penales. Sin embargo, lo más importante es que nos permite conocer la dimensión delincuencial de los imputados”.
El ciclón Yaku no va a destruir Lima. Ha causado destrozos en el norte del país. Su paso por Lima, sin embargo, queda descartado.
La lluvia caerá, pero no debe oscurecer las cosas. La información sobre un intento de atentado contra la fiscal de la Nación y otros reclama atención.
Según una investigación del Ministerio Público, el expresidente Pedro Castillo habría encabezado un proyecto no solo criminal, sino también asesino. Acabar con la vida de la fiscal Patricia Benavides, el coronel Harvey Colchado y otras personas era el objetivo.
El encargo se lo habrían dado a Jorge Ernesto Hernández Fernández, ‘El Español’. Él buscaría a los sicarios. La orden habría venido del propio exjefe del Estado, hoy en prisión preventiva.
Esta es una acusación. No la podemos tomar como un hecho. Es suficientemente grave: ¿tuvimos un proyecto de asesino en la Presidencia de la República?
Está probado que ‘El Español’ hizo designaciones en el Ministerio del Interior. Un edecán al que el exministro Mariano González había removido fue colocado en Palacio de Gobierno.
Viajó a Panamá con el congresista de Fuerza Popular Luis Cordero Jon Tay, que sería un topo. También viajó con Carlos Daniel Barba Deza (ex-Digimin). El objetivo habría sido comprar en una feria especializada un equipo de chuponeo.
El chuponeo se habría de hacer en perjuicio de la fiscal de la Nación, el equipo especial y otros “opositores” del anterior gobierno. La compra no se concretó, pero tenemos que saber si esto es cierto.
El asesinato es la etapa superior de la delincuencia común.
Intentar contratar sicarios tiene efectos penales. Sin embargo, lo más importante es que nos permite conocer la dimensión delincuencial de los imputados.
Las colocaciones de gente inidónea en puestos claves no se habrían debido a impericia, sino a planes criminales.
Sabemos que se intentó desprestigiar a la fiscal Patricia Benavides. En esa campaña estuvo, entre otros, el ex primer ministro Aníbal Torres. A donde sea que iba hablaba de las hermanas de la señora Benavides y las acusaciones en contra de ellas.
Torres u otros pudieron participar, consciente o involuntariamente, en el plan de enviar sicarios. Se tendrá que investigar a todos los que participaron en las campañas de desprestigio contra la titular del Ministerio Público.
Lo mismo sucedió con respecto a la prensa. Los medios revelaron algunas de las muchas corruptelas del gobierno de Pedro Castillo. El método de desprestigiar al crítico era el mismo.
Es difícil imaginar a un maestro-campesino en una maquinación para asesinar. ¡Eso solo pasa en las peores dictaduras!, se dirá. Y, entonces, uno recuerda que esa también fue una de las intentonas de Castillo.
El expresidente quiso cerrar e intervenir el Congreso, la fiscalía, el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo y la contraloría. Era un proyecto de dictadura total.
Quizá lo del sicariato suene demasiado estrafalario, incluso dentro de lo delincuencial. Ya estamos acostumbrados, sin embargo, a las mentiras y los manejos turbios y díscolos de la administración de Castillo.
La imputación sobre un proyecto de sicariato debe investigarse. Como etapa superior del delito, merece debatirse y aclararse.
El drama real de los peruanos en la costa norte y los alarmismos sobre el diluvio en Lima no deben hacernos olvidar este caso. Tenemos que saber hasta qué nivel llegó el proyecto de dictadura de Castillo y sus colaboradores.
