Federico Salazar, Periodista
El Comercio, 13 de diciembre de 2015
La delincuencia es percibida como el principal problema del país por el 62% de encuestados por Ipsos-Apoyo. La corrupción está en segundo lugar y con solo 48% de encuestados (El Comercio, 10/12/15, pág. A4).
Los encuestados no parecen hacer una relación entre un problema y otro. Y, sin embargo, se trata de fenómenos entrelazados.
La impunidad, por ejemplo, tiene mucho que ver con la posibilidad de salir bien librado de la justicia. Saber que no va a ser atrapado hace que el delincuente vea en el delito un negocio de bajo riesgo y alta rentabilidad.
Las conductas de infracción se imitan más si no hay restricciones. Las restricciones, por supuesto, pueden ser legales o solo morales. Si las primeras se relajan, las segundas se evaporan.
No se va a resolver el problema de la delincuencia si no se ataca directamente el problema de la corrupción. Lo que más alienta la corrupción es la falta de límites del poder, la falta de luces en los meandros de la regulación o la burocracia.
Mientras tanto, la corrupción ha adquirido su carta de naturalización en el país. Según la encuesta comentada, 72% de los entrevistados tiene una tolerancia media en relación a la corrupción.
Los empresarios que pagan coima son vistos como corruptos por el 75% de encuestados. Sin embargo, 76% tolera que un funcionario favorezca a parientes y amigos. Hay que rehacer nuestros estándares.
Pagar una “propina” para que le perdonen una multa o dar obsequios para agilizar trámites son conductas toleradas. Robar servicios públicos o proporcionar datos falsos por conveniencia son otros casos de lo que la mayoría acepta.
No es imposible revertir la tendencia. Si no se hace, el país será inviable pronto. Una sociedad en la que cada uno transgrede normas no puede sobrevivir.
Los candidatos a la presidencia no ven el tema de fondo. Todos han hecho propuestas sobre cómo sacar más policías a las calles o cómo interconectar las comisarías.
Pero, ¿y las coimas? ¿Y los policías expulsados por corrupción que son repuestos con artimañas judiciales? ¿Y la capacitación?
Ninguno plantea una reforma institucional del Poder Judicial, la Fiscalía o el Consejo Nacional de la Magistratura. Ninguno parece ver la relación de esas instituciones y la delincuencia. A ninguno se le escucha una propuesta para hacer más transparentes y fiscalizadas las decisiones jurisdiccionales.
Los actos “menores” de corrupción son tolerados por la mayoría. Pero los “actos menores” de hoy se convierten en los “actos mayores” de transgresión de mañana.
Son los candidatos los llamados a iniciar un giro en esta tendencia. Ellos deben proponer iniciativas para la reforma de las instituciones. Reformas para romper esta aclimatación que se ha producido en relación con la corrupción.
La solución de la delincuencia no está en un número de policías. Si no se reduce sustantivamente la corrupción, el crimen común seguirá campeando. Igual, con uno o con diez mil policías. Primero es la reforma institucional.
Los candidatos deben demostrar que no solo están tras el poder por el poder. Deben ser capaces de liderar un cambio de tendencia en relación con nuestro relajamiento moral.
Queremos escuchar sus ideas y propuestas, pero también queremos identificarnos con el que pueda mostrar consecuencia. Se requerirá decisión y coraje para enfrentar estos flagelos endémicos de la sociedad peruana.
Muy pronto veremos quiénes nos dan alternativa y quiénes no.
