Por: Federico Salazar
El Comercio, 10 de mayo de 2020
El Gobierno ha prolongado la cuarentena por 15 días más. No sorprende, si se ve la línea que ha seguido hasta ahora: la del control ciego.
Control ciego: todos encerrados, se acabó el contagio.
En el Perú destaca la economía informal. La mayor parte de los trabajadores no está en planilla y vive del día a día (65,7% de la PEA, según el INEI).
Cuarentena de 70 días quiere decir 70 días sin trabajo y sin ingresos para cerca de 13 millones de peruanos. Si no se puede evitar el confinamiento, debe, al menos, tomarse en cuenta esta realidad.
¿Cómo lo hacemos ver? El Gobierno no es permeable a la crítica. El presidente Vizcarra dijo: “Es fácil criticar desde afuera cuando nunca se tomó decisiones” (El Comercio, 6/5/20).
El que tiene que tomar decisiones es el presidente Vizcarra. Esa es su responsabilidad. Nadie más está en su posición. ¿Quiere decir que no puede criticar quien no está en su posición?
¿No podemos criticar? Encerrados y, encima, ¿sin hablar?
Hay que aprender de los errores. El 6 de marzo, el presidente Vizcarra alertó sobre el primer caso de COVID-19. Aseguró que el Gobierno dispuso “todas las medidas necesarias para enfrentar una situación de este tipo”.
Las dispuso, pero se cometieron errores. Demoró la vigilancia en el aeropuerto. Después de una semana del mensaje, todavía no se hacían controles para pasajeros de China o Europa.
Se hicieron muy pocas pruebas durante demasiado tiempo. Recién la segunda semana de abril (un mes después del mensaje de Vizcarra) se pasó de mil a diez mil pruebas diarias.
El Gobierno coadyuvó a las aglomeraciones con las colas de los bancos. No contó, por ejemplo, con la coincidencia del cobro de programas sociales con el del bono asignado.
Fue un error, también, establecer toque de queda diferenciado para hombres y mujeres. Eso creó una sensación de crisis que hizo ir a la gente masivamente a los mercados.
Lo mismo sucedió con la Semana Santa. Se establecieron tres días de toque de queda. Obviamente, la población salió a abastecerse. La señal, para la población, era: “Esto va a empeorar, sal y abastece tu casa”.
Otro problema ha sido el padrón de los beneficiarios de los subsidios. El bono es una buena idea, pero ha dejado desprotegidos a los extremadamente necesitados.
Se basaron en padrones preexistentes, el de gente que ya estaba en programas sociales. Se dio la espalda a los cerros, con varios millones de personas. Confinados, sin trabajo, sin comida.
Otro problema de imprevisión ha sido el de los retornantes. No se coordinó rápidamente con los gobiernos regionales. Se hicieron esfuerzos, loables, pero tardíos e insuficientes.
Uno de los principales focos de infección han sido los mercados. Recién el 29 de abril se hicieron pruebas en el mercado de Caquetá. Después de eso, al fin, se decidió hacer algo con los centros de abasto.
El Gobierno ha pensado en los mercados casi dos meses después del mensaje a la nación del presidente Vizcarra.
Esto no es responsabilidad de la gente, sino de la autoridad. En un estado de emergencia, la autoridad está a cargo. ¿O la población está a cargo?
En el Mercado Mayorista de Santa Anita, una turba de comerciantes y trabajadores entró a la fuerza, la madrugada del 5 de mayo. Tumulto y caos.
A los dos días del evento, ya no había colas ni aglomeraciones. Habían abierto tres puertas más. Es decir, en lugar de mayor control ciego, se hizo control inteligente.
Mayor acceso significa, para la gente, menor problema a futuro. La expectativa se tranquiliza y las personas acuden más ordenadamente.
La receta de Santa Anita es la receta para el Perú. En vez de mayores regulaciones y controles, se deben hacer controles eficientes. Para eso hay que pensar y sentir como piensa y siente la población, no como piensa y siente alguien asustado.
No hay una salida fácil y sin costo. Hay que descartar, por lo pronto, el control ciego. Ha fallado y seguirá fallando.
El Gobierno debe ejercer la autoridad mirando la experiencia, no las encuestas de popularidad.
