Por Federico Salazar, Periodista
El Comercio, 11 de febrero de 2018
Jimena, una niña de 11 años, fue secuestrada, violada y asesinada. El llamado “monstruo de La Huayrona”, César Alva Mendoza, cometió estos actos de horror.
¿Cómo llamamos a todos los que dejaron que esto sucediera? Tienen que ver con esto funcionarios del gobierno, del Congreso, de la fiscalía y del Poder Judicial.
Detrás del “monstruo de La Huayrona” están la inutilidad y la quiebra del Estado Peruano.
La niña acudió a sus talleres de la comisaría de Canto Rey. Estaba inscrita en natación y bisutería. Según una amiga suya, no acudió a ninguno de ellos, sino al de vóley, en el que no estaba inscrita.
Habrá que verificar. Sin embargo, esto explicaría por qué la encargada dijo que no llegó ese día a su curso, aunque sí ingresó a la comisaría.
¿Puede un niño entrar y salir de una comisaría sin que nadie le diga nada? ¿Puede un niño ir de un taller o a otro, sin registros? ¿No hay cámaras dentro de la comisaría?
Los policías, además, no iniciaron la búsqueda inmediata cuando la madre de la menor llegó a recogerla, y no la encontró. La pelotearon.
La niña fue detectada por César Alva Mendoza. Él la atropelló con su bicicleta, la subió con engaños y la llevó a un fumadero de la zona.
En abril del 2014, este sujeto había sido detenido con 248 ketes de PBC en la comisaría de Mariscal Cáceres (San Juan de Lurigancho). En esa misma dependencia, tenía una denuncia por haber violado a una menor.
No pasó nada. Empoderado por la impunidad, volvió a delinquir. En setiembre del 2016, fue denunciado por violar a una mujer de 28.
El caso llegó al fiscal al mes siguiente, pero este encarpetó su expediente. Solo se acordó de él cuando se conoció el caso de la niña Jimena.
En octubre del 2017, Alva Mendoza fue denunciado por violencia familiar y presunto robo. En diciembre de ese año, fue detenido por tráfico de drogas, de nuevo. Y, nuevamente, puesto en libertad.
Jimena debería estar viva. Lo estaría si policías y fiscales hubieran sido diligentes. No lo fueron.
El problema no acaba con algunos policías y algunos fiscales. Muchas autoridades no responden ante sus actos u omisiones.
El Congreso no se salva. La reforma penal está en manos del Congreso, que no ha hecho nada.
La inédita mayoría congresal del 2016 se usó para hacer política, pero no ha hecho ninguna de las reformas esenciales del Estado.
El “monstruo de La Huayrona” merece la pena máxima, la cadena perpetua. No será fácil. Hay cadena perpetua cuando la víctima de violación es menor de 10 años. Jimena tenía 11.
La pena por este delito es no mayor de 35 años (art. 173, CP). Si “los actos” (la violación) causan la muerte de la víctima o le producen lesiones graves o si se actuó con crueldad, se puede aplicar la cadena perpetua.
En el caso de Jimena, el asesinato fue posterior a la violación. No fue a mano armada, por lo que se aplicaría la pena de “no menor de 15 años” (art. 108, CP).
En cuanto al secuestro, la cadena perpetua solo corresponde “cuando el agraviado resulte con graves daños… o muere durante el secuestro, o a consecuencia de dicho acto” (art. 152, CP).
Según la confesión del asesino y el informe médico-legista, ella murió estrangulada y por traumatismo encefalocraneano. O sea, no murió a consecuencia del secuestro. Tendrá que interpretarse lo que significa morir “durante el secuestro”.
¿Y por qué todos estos malabarismos? Sencillamente porque el Código Penal no está bien hecho. Es un zurcido de lo que demandó la población en cada gobierno durante cada caso. Es una excrecencia de la política.
El código debe obedecer a un planteamiento sistemático para garantizar la proporcionalidad de las penas. Esa reforma corresponde al Congreso, que no ha movido un dedo para una reforma del derecho penal.
No necesitamos una u otra ley. Necesitamos que el Estado funcione. Que haya responsabilidad, plena y efectiva, de sus funcionarios.
No más un Estado aliado de los monstruos.
