Erick Iriarte/Dania Coz Baron
El Comercio, 4 de setiembre del 2025
“Insistir en el voto digital no es un acto de modernización, sino una irresponsabilidad con el futuro de nuestra democracia”.
El Congreso aprobó en marzo la Ley 32270, que incorpora el voto digital como mecanismo alternativo al sufragio por cédula. Su implementación será progresiva y empezará en el 2026 con grupos priorizados: militares, policías, personal de salud, bomberos, servidores públicos de algunas entidades y peruanos en el extranjero. El argumento es comprensible: reducir las barreras para votar. Sin embargo, lo que parece un moderno avance encierra un serio problema constitucional.
La Constitución exige que el escrutinio sea “público e ininterrumpido”, es decir, que cualquier ciudadano pueda observar y verificar el conteo de votos. La publicidad del escrutinio legitima los resultados: cuando los ciudadanos ven el proceso, confían en que la voluntad popular se respeta. El voto digital rompe esta transparencia; el escrutinio queda encerrado en servidores inaccesibles, supeditando la confianza pública a un software que se mantiene en secreto a pesar de que los estándares internacionales exigen la publicidad del código fuente. Los riesgos se agravan en un país como el nuestro, donde el 63% no cree en la transparencia de los organismos electorales, y solo el 8% confía en que las elecciones del 2026 se desarrollarán correctamente.
En este clima de deslegitimación, trasladar el escrutinio al ámbito digital y pedir confianza ciega en la tecnología resulta un despropósito que amenaza con socavar aún más nuestra debilitada institucionalidad democrática.
Las alegaciones de fraude en las elecciones pasadas generaron una crisis que deslegitimó la figura presidencial, que ganó con una diferencia de apenas 40.000 votos. Ahora, se pretende incorporar cerca de dos millones de votos no escrutados e imposibles de verificar, incluyendo el de las Fuerzas Armadas y la PNP, donde la estructura jerárquica facilita la presión de superiores para votar en un sentido determinado.
Incluso si existiera confianza plena en nuestras autoridades electorales, la experiencia es aleccionadora. Estonia, pionera del voto en línea, todavía enfrenta críticas por vulnerabilidades que permiten la manipulación del sistema. Suiza lo suspendió tras detectarse fallas graves. Países Bajos y Alemania lo declararon inconstitucional por violar la exigencia de publicidad en el escrutinio. En Ecuador tuvieron que repetir la última votación por incidentes de seguridad. Frente a la abrumadora evidencia, insistir en el voto digital no es un acto de modernización, sino una irresponsabilidad con el futuro de nuestra democracia.
