Muchos quisieran tener un BMW. Son rápidos. Son seguros. Son lujosos. Pero, lamentablemente, no todos pueden pagar un BMW. La rapidez, la seguridad y el lujo (como todo en la vida) tienen un costo. Y en este caso suele ser muy alto.
Imagine que usted solo puede pagar el precio del modelo más barato de cierta marca de auto fabricado en Vietnam. Una marca nueva que no es muy popular, ciertamente no es la más bonita (de hecho, parece una copia barata de una versión antigua de un Toyota), y que tiene fama, además, de malograrse con facilidad. Pero, si quiere movilizarse en cuatro ruedas, usted solo tiene una opción: el carro vietnamita.
Ahora, imagine luego que el gobierno le prohíbe comprar ese automóvil bajo el argumento de que la única forma digna de movilizarse por las rutas de este país es en BMW. Un BMW que, por cierto, el gobierno no le dará, pues, no seamos ingenuos, él también tiene gastos que pagar y no le alcanza el dinero para ir repartiendo autos de lujo a sus ciudadanos. ¿Cómo se sentiría? ¿No le daría la impresión de que el gobierno le ha robado una decisión que debería ser solo suya?
Pues bueno, le cuento que el Congreso podría estar a punto de arrebatarle una decisión parecida. Pero no sobre automóviles, sino sobre su educación o la de sus hijos.
El proyecto de ley universitaria, según una entrevista que le hice al presidente de la Comisión de Educación del Congreso, busca que cualquier universidad que no tenga el nivel de la Católica, la Cayetano o la Pacífico pueda ser expulsada del mercado por el Estado.
Alguien, al igual que los autores del proyecto, podría creer que esta es una buena noticia, bajo la creencia de que con ello todos los alumnos terminarían estudiando en universidades de categoría “BMW”. El problema es que brindar ese nivel educativo tiene un costo y, al igual que en nuestro ejemplo automovilístico, no todos pueden pagarlo. Lo que sucedería, en cambio (puesto que la educación pública no es una mejor alternativa que la privada), es que viviríamos en una sociedad aún más excluyente donde menos gente podría acceder a educación universitaria. Ello, claro, sin contar que incluso BMW tendría menos incentivos para buscar la excelencia si el gobierno retira su competencia más económica del mercado.
Ahora, esto no quiere decir que no se deba hacer algo para que las universidades puedan elevar su calidad. Además, hay que hacer transparente la empleabilidad de los egresados de cada institución para que las personas elijan mejor y hay que sancionar a las universidades que engañen a los alumnos. Pero eso no se logra dándole a una burocracia iluminada el derecho de elegir en nombre de los ciudadanos.
Sin embargo, quizá lo peor del proyecto es que nada asegura que, por lo menos, el Estado vaya a fijar un estándar de calidad educativa similar al de las mejores instituciones del país. El proyecto, de aprobarse, permitiría al gobierno establecer los contenidos y metodologías de todas las materias que se enseñen. Y deténgase a pensar por un momento: ¿Cómo cree que serían los automóviles si su diseño fuese establecido en buena parte por los “expertos” gubernamentales en transporte? ¿Qué le hace creer, entonces, que los “expertos” del gobierno en educación harían un mejor trabajo con las universidades?
Publicado en El Comercio, 12 de diciembre de 2013
