“Paquetazo ambiental”. Así llaman sus críticos a las normas propuestas por el Ejecutivo y aprobadas por el Congreso que modifican la regulación ambiental para promover inversiones. Según el gobierno, la regulación de este sector se había salido de control y era necesario racionalizarla.
Hace unos días entrevisté en “Rumbo económico” a la coordinadora de Políticas y campañas de Oxfam, ONG que lidera la oposición contra las modificaciones. Cuando le pregunté sobre las normas concretas, sin embargo, descubrí algo sorprendente: no conocía el contenido de la ley a la que se opone (pueden ver la entrevista en http://bit.ly/1zZ6lxL). Justificó su desconocimiento en que no era una experta en el asunto –cosa que la habría excusado de intervenir en el tema, mas no de intervenir sin conocimiento de causa–.
Es preocupante que quienes lideran una organización que actúa con tanta indignación y activismo no se tomen la molestia de informarse con detalle sobre aquello que los indigna [SOLO ACTÚAN POR IDEOLOGÍA L.Q.Q.D.]. Parece que no tienen reparo en socavar sin fundamento una reforma que podría hacerle bien a los peruanos.
Lo cierto es que las modificaciones no suponen una reducción de los estándares ambientales como se alega (aunque es cierto que se pudo hilar más fino). En primer lugar, por tres años se obliga al OEFA a preferir las medidas de remediación antes que las sanciones y se cortan las multas a la mitad, siempre que no exista daño a la vida o salud, se cuenten con los permisos correspondientes y no se trate de un caso de reincidencia. No se ha prohibido al OEFA que obligue a las empresas a adoptar acciones para corregir los daños al medio ambiente. Solo se ha restringido las multas temporalmente a casos graves, cosa sensata, pues aún no existían parámetros del todo claros acerca de los límites de la capacidad sancionadora del Estado y existía la percepción de que en algunos casos el OEFA abusaba de su garrote.
En segundo lugar, se fijó un plazo de 45 días para que los funcionarios emitan las opiniones necesarias para los EIA. Algo razonable porque no es posible que estos estudios demoren indefinidamente (aunque se podría haber puesto un plazo mayor para casos muy complejos).
En tercer lugar, se exige que los estándares de calidad y los límites máximos permisibles (que en algunos casos del pasado reciente habían sido fijados a niveles desproporcionados e injustificados) estén sustentados en un análisis de impacto regulatorio. En otras palabras, se prohíbe que sean arbitrarios.
En cuarto lugar, las zonas reservadas se fijan ahora por el Consejo de Ministros y no exclusivamente por el Ministerio del Ambiente. Y tiene sentido porque hay otros sectores que también están involucrados y deben tener vela en ese entierro.
Como se puede ver, aunque hay detalles de la reforma con los que podemos discrepar, el Estado no ha abdicado de su función de cuidar el medio ambiente como nos quieren hacer creer Oxfam y compañía.
¿Por qué entonces la entusiasta campaña contra estas normas? Creo, desgraciadamente, que por un tema ideológico. En nuestro país organizaciones como Oxfam han terminado oponiéndose a todo lo que se asocie con grandes proyectos extractivos por su tendencia hacia la izquierda económica radical, usando como pretexto al medio ambiente (desacreditando en el camino, además, la importante labor de otras organizaciones que sí toman con seriedad la protección ambiental). No me sorprende que cuando le pregunté a su coordinadora sobre los problemas específicos de las reformas aceptase que los desconocía pero que se oponían a su “espíritu”. Aunque, en vez de a un espíritu, más preciso hubiese sido que me dijese que se oponía a un fantasma.
