Enrique Costa Bidegaray
Doctor en Derecho y Letrado del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid
Para Lampadia
La buena marcha de la Administración de justicia es una de las cuestiones a las que más atención debe dedicar nuestra democracia para sentar las bases de un futuro próspero. En efecto, si hay un tema en el que todos vamos a estar de acuerdo, es en la necesidad de contar con una justicia independiente, eficaz y honesta, como garantía de paz social, seguridad y libertad. Sin estas herramientas, hacer realidad el proyecto de Perú como nación prospera será sólo una quimera.
No pretendo ser alarmista, pero considero un deber advertir que una justicia poco independiente, corrupta, ineficaz y tardía, es una buena noticia para al radicalismo dogmático, pues le allana el camino para hacerse con el Estado. Uno de los objetivos de los radicales es minar la confianza de la gente en sus instituciones, en particular, en el Poder Judicial, para sobre esa base, comenzar a controlar la economía, afectar nuestra libertad, en fin, para dirigir nuestras vidas sin ser estorbados.
Estamos ante una amenaza global. En España, por ejemplo, los populistas radicales de Podemos, presionan, con el apoyo del Partido Socialista, para sentar a jueces “amigos” entre los vocales que conforman el Consejo General del Poder Judicial, órgano constitucional de gobierno de los jueces, responsable tanto de los nombramientos de las personas que van a integrar los distintos órganos jurisdiccionales como de la elaboración de informes técnicos sobre los proyectos de leyes que presentará el gobierno a las Cortes, cuestiones que a los populistas radicales les preocupa y necesitan tener en sus manos para evitar ser investigados por actos corruptos y para conseguir que sus descabelladas propuestas legislativas sean aprobadas.
En nuestro país, durante el mandato del presidente Paniagua, la izquierda consiguió hacerse con el manejo del Ministerio de Justicia a través de Diego García-Sayán, jurista conocido por su compromiso con esa izquierda radical “intelectual -caviar”. Más tarde, García-Sayán, en representación del Perú, fue nombrado Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para el periodo 2004-2009, sin dejar por ello su cargo como Director General de la ONG radical “Comisión Andina de Juristas”
Desde esta posición, García-Sayán forjó sólidos nexos con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, facilitando el allanamiento del Estado peruano frente a los numerosos casos abiertos ante dichos foros internacionales en base a pruebas contradictorias y endebles.
Tampoco podemos dejar de mencionar la existencia de ONGs, vinculadas con la izquierda radical, como el Instituto de Defensa Legal (IDL), una de las organizaciones más influyentes en el contexto de la justicia que, con el pretexto de defender derechos humanos, busca tener una ascendencia decisiva tanto en los nombramientos de jueces como en los distintos órganos que conforman el Poder Judicial
Para estos radicales globalizados, una justicia imparcial y eficaz, que suscite la confianza de los ciudadanos, supone un freno a sus aspiraciones de hacerse con el control del Estado. Y lo saben porque no hay mejor solución para desarmar argumentos falaces, montados sobre una “heroica y desinteresada” defensa de derechos humanos -caballo de Troya, empleado por estos “probos” políticos para abordar el asalto a las instituciones-, que una sentencia rigurosa, dictada por un tribunal imparcial, despolitizado, integrado por jueces profesionales que apliquen la ley sin interpretaciones antojadizas.
En efecto, Manuel Conthe (prestigioso jurista y economista español, antiguo presidente de la Comisión Nacional de Valores en España y Vicepresidente para el Sector Financiero, en el Banco Mundial), advierte que un Poder Judicial continuamente cuestionado, esta originando un tipo de populismo judicial, incentivado por jueces y fiscales “probos”, obedientes a determinadas consignas. Estos activistas de la judicatura, optan por superponer los “valores con los que dicen estar comprometidos” sobre las normas legales que están obligados a aplicar.
Para estos “justicieros” sus resoluciones tienen el mismo o si se quiere más valor todavía que lo establecido en la propia ley. Esto es muy grave porque con esta pretendida búsqueda de una solución más justa, quiebran el principio de legalidad con merma importante de la seguridad jurídica.
No es raro ver como “héroes” y “campeones” de la honestidad como el juez Richard Concepción Carhuancho, en el caso Lava-Jato, son rabiosamente aplaudidos por estirar la ley hasta límites inimaginables, imponiendo medidas cautelares abusivas e innecesarias para salvaguardar los fines del proceso. Por eso, no debe llamar la atención que el IDL manifestara su disgusto y disconformidad cuando prosperó la recusación que uno de los procesados interpuso contra este “juez” por su constante vulneración de la ley.
Y, para agravar todavía más este panorama y complicar la vida de los jueces y fiscales, del resto de los operadores jurídicos (abogados), y los ciudadanos, en general, lamentablemente, contamos con una legislación poco técnica, con muchas lagunas y a veces hasta contradictoria, aprobada con un criterio más oportunista, con la vista puesta en satisfacer intereses individuales y partidistas, que centrado en el bien común. El ejemplo más claro lo tenemos con la ley de promoción del sector agrario que tanta prosperidad trajo a nuestro país, derogada por un Congreso ignorante, fácilmente manipulable que cedió ante intereses espurios con el único objeto de satisfacer las exigencias de los violentos.
Los peruanos debemos exigir a nuestros legisladores claridad y coherencia en las leyes que aprueben, por cuanto, ambas condiciones- presión y cohesión normativa-, constituyen el único medio que permitirá que los operadores jurídicos y ciudadanos, en general, saber con certeza a que atenerse a la hora de resolver sus conflictos. Como veremos en la segunda entrega de estas reflexiones, una legislación poco técnica, confusa y contradictoria, que impida predecir con precisión las consecuencias de los actos jurídicos, va a afectar de forma grave la estabilidad jurídica y económica de la nación y ni se diga lo perniciosa que resultara ser para la administración de justicia. Por eso, todos nosotros debemos ser muy conscientes de que la seguridad jurídica que dimana de la exigencia de certeza, legalidad, jerarquía e interdicción de arbitrariedad de las normas, es la mejor garantía que tenemos para asegurar una convivencia pacifica, justa y en libertad.
