Por Enrique Bernales, Constitucionalista
El Comercio, 12 de marzo de 2018
Como estamos entre hipnotizados y anonadados por toda la corrupción que día a día proviene de las fuentes que Odebrecht decide poner en nuestro conocimiento, es imposible no analizar el clima de asco y espanto que invade el país.
Preferiría no hacerlo y gritar: ¡Basta ya! Que limitemos la metástasis y encapsulemos el tema de modo que todo se circunscriba al ámbito de la investigación imparcial de las instituciones que tienen la obligación de hacerlo. Esto es, que la investigación parlamentaria elabore su informe sobre las responsabilidades políticas de los funcionarios que han participado en actos de corrupción; que el Ministerio Público se encargue de investigar y establecer la responsabilidad de quienes –personas públicas o privadas– han cometido delitos de corrupción establecidos como tales por el Código Penal; que el Poder Judicial juzgue y sancione a los que fueran hallados culpables, con las garantías constitucionales del debido proceso, la presunción de inocencia y el derecho a la defensa. En fin, que las instituciones públicas y privadas que tienen información relevante, cumplan con la obligación de entregarla.
Mientras tanto, ¿qué hacemos los demás? ¿Esperar pasivamente como si fuera poca cosa el daño hecho al país? No, no se trata de indiferencia y olvido. Se trata de cumplir con lo que somos: un Estado constitucional de derecho que exige de cada ciudadano el respeto a la legalidad. El país no permite el linchamiento público y sería una vergüenza que la corrupción que nos afecta se convierta en objeto de comercialización, de odios y vendettas o de cálculos mezquinos que piensan que ha llegado el momento de asaltar el poder, como si eso no fuese también corrupción.
El Perú no puede hundirse por una incapacidad nacional que amenaza con convertirse en realidad. Ello por no reaccionar con dignidad y valentía en un momento en el que ya no puede haber dudas ni demoras por parte de quienes deben tomar decisiones para que se sepa toda la verdad y se sancione en justicia lo que corresponda, cada vez que haya prueba objetiva de comisión de delito.
No son exagerados quienes piensan que todavía no se ha llegado al fondo y que falta mucho por conocer. Nadie dijo que las redes de corrupción han sido tejidas a la luz del sol, sino estableciendo pasajes ocultos por donde disimular dinero mal habido. Suponemos que el Ministerio Público ya cuenta con información suficiente y que en algunos casos la acusación procede. Pues entonces que la hagan.
Barata ha hecho señalamientos de personas y de montos. No tenemos la certeza de que estén todos los que son, ni necesariamente que los señalados sean efectivamente los que tengan mayor culpabilidad. En el sistema de delación anticipada, que no es el mejor de todos los que se pueden emplear, no basta el dicho. Hay que corroborarlo, de modo que el conocimiento sea cierto e indubitable en cuanto dé identificación de las personas que han participado en los actos de corrupción, los montos exactos que recibieron, cuándo, dónde, si lo recibieron directamente o en paraísos fiscales. En un proceso en el que se han perjudicado a gran escala los fondos públicos y la propia dignidad del país, quien delata tiene la obligación de decirlo todo.
Por otro lado, ya es tiempo de que el Ministerio Público informe al país en qué ha consistido el acuerdo suscrito con las autoridades brasileñas. No es cosa de poca monta que se haya negociado con la justicia, que es el fin supremo del derecho, para buscar una verdad que pudiera menoscabar su rectitud.
Se dice y se sospecha que Barata ha obtenido innumerables ventajas porque se ha aceptado que delitos cometidos en el Perú se procesen en Brasil. También, según otros dichos, que a Barata se le han devuelto las propiedades y cuentas bancarias que tenía en el Perú y hasta se dice que existe un compromiso de no perseguirlo internacionalmente si se encontrase fuera del Brasil. ¿Es todo esto cierto?
Evidentemente para la colaboración eficaz, que permite llegar a los trasfondos del delito, se requieren algunas concesiones. Pero eso no exime a la dignidad del país y a la trasparencia que se sepa qué es lo que efectivamente se ha concedido. Es de justicia.
