Por Elmer Cuba, Economista de Macroconsult
El Comercio, 25 de abril de 2019
“Ejecutivo y Congreso aún pueden ser recordados como los políticos que lanzaron reformas que cambiaron el país”.
Con una tasa de crecimiento de algo menos de 4%, la tasa de pobreza irá cayendo cerca de 1,2% al año, pero con una elasticidad declinante; la informalidad económica y laboral se estancarían alrededor de 18% y 70%, respectivamente; y la recaudación tributaria no pasaría del 15% del PBI. La informalidad económica está estancada hace más de una década y la informalidad laboral ha dejado de retroceder desde hace cinco años.
Si queremos romper esta parsimonia, debemos acelerar el ritmo de crecimiento económico. En otras palabras, el problema económico del Perú es su relativamente baja tasa de crecimiento para un país cuyo ingreso per cápita está en menos de la mitad del promedio de países de ingreso medio alto, según la clasificación del Banco Mundial.
La estabilidad macroeconómica nos distingue dentro de las economías emergentes, pero no es suficiente para acelerar el crecimiento económico. Es decir, podemos tener una inflación dentro del rango meta del BCRP (1% a 3%), un déficit fiscal consistente con la solvencia fiscal y un bajo riesgo soberano y al mismo tiempo crecer 2%, 4% o 6% al año. Necesitamos aumentar el crecimiento del PBI potencial.
La productividad ha dejado de crecer desde hace cinco años. En otras experiencias internacionales, esta ha explicado cerca de un tercio del crecimiento económico de los países. Lamentablemente, el crecimiento peruano del último quinquenio viene siendo impulsado solamente por la inversión privada y pública y, en menor medida, por el aumento del empleo, incluyendo el empleo informal y el independiente.
Producir más con los mismos factores (la productividad) se logra con un conjunto de políticas públicas. Y las políticas las producen en conjunto los políticos y los tecnócratas.
Los políticos pueden dejar encaminado al país en una senda de crecimiento de más de 5% hacia el 2021. Para ello, el Ejecutivo y Legislativo tendrán que definir una agenda de mejoras sustanciales en las políticas para enfrentar los problemas que inhiben un mayor crecimiento económico. Esta debe ser, por un buen tiempo, la obsesión de las políticas públicas.
En el frente institucional, ambos deben avanzar en las reformas del sistema político y judicial. Así, por un lado, tendremos las reglas de juego que atraerán a mejores jugadores y se producirán –a la larga– mejores políticas públicas. Y, por otro lado, tendremos –aunque en un plazo más largo– un servicio de justicia menos injusto, ineficaz e ineficiente.
En el frente de la lucha contra la informalidad económica se requiere también una nueva institucionalidad, una suerte de “combo formalizador”. El actual marco regulatorio está agotado. Crea incentivos perversos para el enanismo empresarial o es usado para aprovechar los vacíos de diseño y falta de fiscalización. El régimen laboral de la microempresa y pequeña empresa y los diversos regímenes tributarios para estos sectores deben ser recalibrados hacia un régimen general y progresivo, para ensanchar las avenidas hacia la formalización. Es decir, ayudar a que el crecimiento económico haga su trabajo. En otras palabras, aumentar la elasticidad entre el crecimiento y la formalización económica, que en los últimos años es casi nula.
En general, la tarea aquí es crear un nuevo marco regulatorio para las microempresas y pequeñas empresas, tanto por el lado sectorial, tributario y laboral.
El reto es mayúsculo porque estas nuevas reformas laborales y tributarias no pueden ser hechas de espaldas al sistema de seguridad social: servicios de salud y pensiones. Reformas particulares pueden tener efectos contraproducentes en otros frentes. Tomar medidas aisladas es un modo seguro de fracasar. Las partes del rompecabezas se están definiendo. El reto de coordinación es mayor pero no imposible.
La otra cara de la informalidad urbana es la pobreza urbana. Aunque el porcentaje de pobreza urbana es menor a la rural, las bases de comparación son distintas. Actualmente existen más pobres urbanos que rurales. Ello se refleja en nuevos problemas de criminalidad, presión sobre servicios públicos, insalubridad y hacinamiento. Mientras que el Midis tiene una orientación básicamente rural, la pobreza urbana está mal atendida.
El presidente Vizcarra tiene la popularidad y aún cuenta con el tiempo suficiente para avanzar en los frentes descritos. El Congreso, ahora que no habrá reelección, no tiene razones para proponer políticas populistas. El poder político es efímero. Ejecutivo y Congreso aún pueden ser recordados como los políticos que lanzaron reformas que cambiaron el país luego de más de un cuarto de siglo desde la última ola reformista.
