Por Elmer Cuba, Economista
El Comercio, 22 de febrero de 2018
Según las autoridades, por problemas climáticos vinculados a El Niño costero se habrían acoplado varias cosechas de papa simultáneamente en diversos valles. Esta sobreoferta sería temporal, pero fue suficiente para traerse abajo el precio de la papa en chacra. Ello provocó malestar en los productores del tubérculo, quienes iniciaron marchas de protesta contra las leyes de la oferta y la demanda.
En una economía de mercado se toman riesgos y el sector agrícola es riesgoso. En principio, no hay mucho que hacer en el corto plazo. Y para casos futuros se podría pensar en seguros colectivos con cierta coordinación estatal e incluso con un subsidio mínimo.
Si las políticas del Ministerio de Agricultura aumentasen masivamente la productividad, el precio se derrumbaría nuevamente (¿no lo acabamos de ver?), salvo que se desplace el consumo del arroz o del fideo o se exporten los incrementos de producción o una combinación de los anteriores.
Ante las marchas, las autoridades decidieron que el Estado compre parte del exceso de oferta y estudie la política comercial. Así, se abre una puerta peligrosa para cualquier exceso de oferta en otros mercados.
Los costos de esta política son mayores que el sol por kilo acordado. Primero, por la logística de las compras, el almacenamiento, el trasporte y la distribución (¿y preparación de potajes?). Segundo, si se falla en este propósito, veremos papa malograda. La imagen del Estado se degradaría y la población pensará: “Habiendo tanta pobreza se deja podrir la papa”.
Otra aproximación al problema es verlo como el costo de resolver un potencial conflicto social: el papazo. Ha salido barato, dirían algunos. Si lo comparamos con un enfrentamiento de la policía con los miles de manifestantes en diversas ciudades. No queremos más muertos por la papa. Al final, el Estado cedió ante la fuerza, como lo ha hecho antes con el ‘arequipazo’, el ‘moqueguazo’, el ‘baguazo’, Bear Creek, Conga o Tía María. En el Perú, el Estado de derecho a veces cede. La aplicación de la ley (toma de carreteras) es una cuestión de decisión y fuerza relativa. Esto no ocurre en los países de la OCDE.
Si ya vas a ceder, hazlo al menor costo.
También se ha propuesto el uso de políticas sociales. Por ejemplo, el programa Juntos o el Sistema de Focalización de Hogares (Sisfoh). Sin embargo, ello no es posible. Juntos no identifica si las mujeres receptoras del programa son o no de familias paperas y el Sisfoh no incluye esa información.
Una mejor opción sería un rápido censo de los productores paperos afectados por El Niño costero. Luego de ello, podrían pasar –en menos de una semana– por los locales del Banco de la Nación a retirar un monto similar al que recibiría cada afectado luego del acuerdo. Ese monto es el que finalmente detuvo la movilización. Pero en esta opción, el Estado Peruano no compra papa. No compra nada que le sobre a ningún productor. ¿Y la papa? Tiene dueño. La pueden vender barata o hasta la pueden regalar a las iglesias, los colegios, los clubes locales, cuarteles y comisarías.
La ventaja potencial de este método es que busca aislar el problema de imitación al vincularlo solo a los afectados por El Niño costero y hasta se puede usar parte de los fondos de la reconstrucción con cambios. Es lo que corresponde. Además, se ahorran todos los costos vinculados a la compra de papa y su distribución posterior. El Estado no compra papa. No es su función. Sí puede ayudar a los afectados por un fenómeno climático que sean de bajos recursos y no tengan cómo enfrentarlo.
¿Y por qué no se resarce a los cerveceros o los productores de chompas por los fenómenos de El Niño? Porque este siempre ocurre y no uno costero. Además, no se los imagina tomado carreteras. No son un conflicto social. ¿Solo el que protesta recibe? ¿Usted qué cree?
Nunca debemos olvidar los principios básicos de eficiencia económica. Ojalá otros actores no aprovechen las debilidades de un gobierno ‘deluxe’ y su populismo papero.
