Por: Elmer Cuba
El Comercio, 25 de octubre de 2021
La economía peruana –como toda economía en desarrollo– tiene siempre muchos frentes abiertos. En esta coyuntura particular, además de los múltiples problemas a enfrentar, el Gobierno no termina de cerrar un nuevo frente abierto en la campaña política: la amenaza de una asamblea constituyente para cambiar el sistema económico de los últimos 30 años. Y cambiarlo, además, por otro que no promueve el desarrollo económico, no reduce la pobreza y no mejora las oportunidades de las personas.
Tal como pide la población, según las encuestas nacionales, en el marco de la Constitución vigente se puede crear más empleo, mejorar las políticas públicas y luchar más efectivamente contra la corrupción. Nada lo impide, salvo la voluntad política para convocar a los profesionales expertos en cada sector y marcar las políticas para el quinquenio.
Mientras tanto, el no tomar partido y dejar en la ambigüedad el tema constituyente lleva a una reducción del crecimiento del PBI potencial y, con ello, a no poder cumplir con las expectativas de los votantes de Castillo ni –en general– con toda la población.
En el terreno puramente macroeconómico, tenemos el lado fiscal y monetario. En lo fiscal, volver a una senda de sostenibilidad de la deuda pública y reducir la elevada evasión tributaria serán cruciales para el quinquenio. Esto último permitirá aumentar el gasto en los más pobres y –en general– el gasto per cápita en salud y educación.
En lo monetario, es tarea del instituto emisor hacer que la inflación vuelva al corredor objetivo en un período no muy largo y con mínimos costos en la actividad económica.
En el plano sectorial, el Gobierno tiene –entre otros– los siguientes retos: la “nueva” política agraria para los pequeños productores, la “masificación” del gas, la reducción de la informalidad laboral y la lucha contra el narcotráfico.
Bajo el engañoso nombre de “segunda reforma agraria” se ha presentado un conjunto de medidas dirigidas a mejorar la rentabilidad y reducir el riesgo de los pequeños agricultores y cooperativas del sector. En algunos casos, se utilizan instrumentos adecuados, como mejoras en la comercialización y obras de infraestructura. En otros, se esconden subsidios, como el crédito agrario estatal, compras públicas y el uso de franjas de precios. Hay que tener cuidado entre actividades rentables y transferencias de ingresos a familias pobres. La política agraria y la política social pueden tener un traslape incierto.
En el caso de la masificación del gas natural, se debe proponer una alianza público-privada con el menor subsidio. Los números deben ser muy transparentes para la opinión pública. En el caso del GLP, cabe decir que este ya se ha masificado y cuenta con un subsidio de S/20 al mes para cerca de 800.000 hogares pobres en todo el país. Las intenciones de renegociar contratos “a la Bellido” tienen costos muy altos para el Estado y ya han mostrado sus efectos negativos sobre la economía, como se reflejó en el aumento del tipo de cambio luego de semejantes amenazas.
La formalización del empleo pasa por una suerte de “combo tributario y laboral” para la pequeña empresa, que es donde la informalidad laboral es, más bien, la norma. Sin embargo, la agenda laboral anunciada por el Ministerio de Trabajo va en la dirección contraria, reduce la demanda de empleo formal en un contexto de avance de la informalidad. Los costos totales de la mano de obra formal están relativamente alineados con la productividad promedio del trabajador peruano. Romper esa relación evitará que el crecimiento económico disminuya la informalidad laboral, como ha ocurrido en las últimas décadas.
Finalmente, tenemos que la principal agroexportación peruana (la cocaína y la pasta base) ha duplicado su tamaño entre el 2016 y el 2020; en particular, en los últimos dos años. Este desarrollo pone en riesgo todo el sistema antidrogas del Estado, descuidado en la segunda parte del último período presidencial. Esta industria es una amenaza al Estado de derecho en los valles donde opera y extiende sus influencias de los diversos poderes del Estado.
Los votantes de Castillo están concentrados en los sectores socioeconómicos D y E. Aunque sus ingresos han venido aumentando en las últimas décadas, hay aún un espacio muy grande para continuar reduciendo la pobreza y la vulnerabilidad económica. La experiencia internacional muestra que no es de espaldas a una economía de mercado que se logran avances en el bienestar de las familias. Toda política redistributiva de ingresos y oportunidades requiere acelerar el crecimiento económico, algo esquivo en Latinoamérica.
