Por: Elmer Cuba, Socio de Macroconsult
Gestión, 10 de abril de 2019
Actualmente, el problema económico central del Perú es su relativamente baja tasa de crecimiento para un país cuyo ingreso per cápita está en menos de la mitad del promedio de países de ingreso medio alto, según la clasificación del Banco Mundial.
Con una tasa de crecimiento de 4% y en ausencia políticas económicas explícitas: la tasa de pobreza irá cayendo cerca de 1.5% al año, pero con una elasticidad declinante; la informalidad económica y laboral se estancarían alrededor de 18% y 70%, respectivamente; y la recaudación tributaria no pasaría del 15% del PBI.
El cuadro de estabilidad macroeconómica peruana es uno de los más fuertes de Latinoamérica. No es poca cosa tener y cumplir con una ambiciosa meta de inflación y mantener una situación de solvencia fiscal. La estabilidad macroeconómica es un activo que nos distingue en la región. Sin embargo, la estabilidad macroeconómica no alcanza para acelerar el crecimiento.
La productividad (total de factores) ha dejado de crecer. El crecimiento solo viene siendo impulsado por la acumulación de capital (privado y público) y por el aumento del empleo (incluyendo el de independientes y dependientes informales).
Mejorar la productividad, producir más con los mismos factores, se logra con un conjunto de políticas. Y las políticas la hacen en conjunto los políticos y los tecnócratas. Desde mejoras en la institucionalidad y el clima de negocios, hasta las decenas de regulaciones que reflejan la calidad actual del Estado peruano.
¿Qué le podemos pedir al Gobierno realmente existente? Que deje encaminado al país en una senda de crecimiento de más de 5% hacia el 2021. Para ello tendrá que junto con el Congreso de la República (allí donde se requieran leyes) definir una agenda mínima de mejoras sustanciales en las políticas para enfrentar los problemas que se han señalado líneas arriba.
Por el lado institucional, avanzar en las reformas del sistema político y judicial. Así, tendremos las reglas de juego que atraerán a mejores jugadores y se producirán mejores políticas públicas. Y tendremos –a la larga– un servicio de justicia menos injusto e ineficiente.
En el campo de la lucha contra la pobreza, actualmente existen más pobres urbanos que rurales. Ello se refleja en nuevos problemas de criminalidad, presión sobre servicios públicos, insalubridad y hacinamiento. Mientras que el Midis tiene una orientación básicamente rural.
En frente de la informalidad se requiere una nueva institucionalidad, una suerte de shock formalizador. El Estado debe crear un nuevo marco regulatorio para las micro y pequeñas empresas, tanto en los frentes sectorial, tributario y laboral. El actual marco está agotado.
En la recaudación campea la evasión de impuestos a la renta y del IGV. Con las mismas tasas, la recaudación puede subir si se atacan los focos de evasión.
El presidente Vizcarra tiene la popularidad y el tiempo suficiente para avanzar en estos frentes. El Congreso, ahora que no habrá reelección, no tiene razones para proponer políticas populistas. El poder político es efímero. Ejecutivo y Congreso aún pueden ser recordados como los políticos que cambiaron al país luego de casi 25 años de vacíos reformistas. No hay excusas.
