Por: Elmer Cuba, Economista
Gestión, 8 de marzo de 2021
Estas semanas, en medio de los picos de la segunda ola nacional de contagiados y fallecidos y la llegada de las primeras vacunas, se ha desatado un debate sobre la participación del sector privado en el proceso de vacunación.
En los países donde la vacunación viene avanzando rápido, son los estados los encargados del proceso. Y con la colaboración logística y administrativa del sector privado. En nuestro caso, el atraso relativo ha llevado a discutir si el privado puede también vacunar a los que puedan pagar por ello.
En el debate se ha esgrimido todo tipo de argumentos. Tanto de corte más filosófico y de derechos ciudadanos hasta unos más ideológicos sobre una igualación hacia abajo o que el dinero no puede ser un criterio para acceder a la vacuna.
Veamos el problema desde el ángulo de la ciencia económica. En esta disciplina se usa el concepto de óptimo de Pareto. Esta es una situación donde un agente puede mejorar su bienestar mientras que otro agente no empeora el suyo. Esta situación sería superior. El problema sería si la mejora de uno se hiciese a costa de otro. Técnicamente, una vacuna no es un bien público. En economía, los bienes públicos puros presentan dos características: no rivalidad en el consumo y no exclusión en el consumo. Una manzana es un bien privado. Si un agente la consume, otro no podrá hacerlo (rivalidad). Si uno no la paga, no la podrá consumir, se le puede excluir si no paga. La luz de un poste en la calle es un bien público. Si un gente la recibe, otro también puede hacerlo, no hay rivalidad en el consumo. Y si un agente no paga los arbitrios o no reside en ese distrito, no puede ser excluido de recibir la luz de la calle. Por sus características intrínsecas, los bienes públicos no pueden ser comprados, ni vendidos.
Una vacuna se parece más a la manzana que a la luz pública.
Sin embargo, a diferencia de la manzana, la vacuna tiene otros atributos, llamados externalidades positivas, no contenidos en su precio. Si una persona está vacunada, no sólo protegerá su salud, sino la de terceras personas. La carga viral en caso de estar contagiada es menor y por ello, ayuda a cortar la cadena de contagios, hasta llegar a una suerte de inmunidad de rebaño.
Son tan grandes esas externalidades positivas, que los estados las llegan a subsidiar hasta el 100% de su precio. Es decir, siendo técnicamente un bien privado (ver definición más arriba), los estados las proveen gratuitamente. De hecho, un niño puede vacunarse con la llamada triple vírica (sarampión, paperas y rubéola) ya sea gratis en un establecimiento estatal o pagando en un establecimiento privado.
Sin embargo, en el caso actual de la pandemia del Covid-19, estamos ante un exceso de demanda mundial y -por ahora- solo tratos directo entre las empresas productoras y los estados. Además, al ser una pandemia, los criterios de salud pública deben ser los elegidos para la secuencia de la vacunación nacional.
Mientras duren las negociaciones, el sector privado no debería competir con el Estado, ni alterar el proceso. Pero cuando éste termine, ya no se vería afectado por compras directas de los privados, cuando se puedan dar.
Por razones de eficiencia en el manejo sanitario, los privados tampoco deberían alterar el diseño de vacunación de la etapa 1 (personal de salud, policías bomberos, FF. AA.), no en la etapa 2 (mayores de 60 años y personas con comorbilidad).
Sin embargo, cuando el Estado se asegure las vacunas suficientes, la participación de los privados ya no afectaría. Y para la etapa 3 (personas entre 18 y 59 años) si el privado puede ir más rápido, no perjudica a nadie. Se daría el óptimo de Pareto.
La ciudadanía observa – por ejemplo – como nuestro vecino del sur estaría terminando su vacunación nacional en junio 2021, mientras en nuestro caso ese proceso llegaría en marzo 2022.
