Por: Elmer Cuba
El Comercio, 30 de mayo del 2022
“Los cambios constitucionales que se necesitan están en la parte del sistema político”.
El presidente Pedro Castillo y gran parte de la izquierda peruana están empecinados en cambiar el modelo económico que está contenido en la actual Constitución Política del Perú. Para ello, buscan allanar el camino hacia una asamblea constituyente.
Esta batalla ideológica está muchas veces oscurecida por diversas inexactitudes sobre lo que es realmente un modelo económico de desarrollo, por diversos eslóganes que buscan anclar mensajes e ideas y/o por desconocimiento de las mismas normas constitucionales vigentes.
A su vez, algunos partidos de ultraizquierda quisieran ir más allá de la parte económica y buscan tratar de perpetuarse en el poder, como ocurre en algunos países latinoamericanos como Venezuela, Cuba, Nicaragua o lo que trató de hacer Evo Morales en Bolivia, denunciado por la propia OEA.
Los avances en el bienestar de las familias peruanas son notorios en estos 30 años del nuevo sistema económico, que no es otro que los mismos sistemas económicos seguidos por varias décadas (y hasta siglos) por los países desarrollados. Es decir, un rol para los mercados en la creación de la riqueza y un rol para el Estado en la regulación de estos y en la provisión de bienes y servicios que sus sociedades le otorguen en el proceso democrático, que no es otra cosa que la búsqueda permanente de la igualdad de oportunidades para el ejercicio de las libertades de sus ciudadanos.
Lamentablemente, el Estado Peruano no está siendo capaz de diseñar y ejecutar mejores políticas públicas que lleven a un mayor bienestar económico, sobre todo, a las familias que están en condiciones de pobreza o en estado de vulnerabilidad económica. En este caso, el responsable directo es el Poder Ejecutivo. Pero también el Congreso, que ha descuidado su labor de fiscalización de la gestión pública.
La economía no es la culpable del malestar que todavía existe en una amplia mayoría de familias peruanas. Son las políticas públicas las responsables directas de ese resultado. El mismo que se refleja en los pobres indicadores de educación, salud, infraestructura y seguridad ciudadana. Son también las deficientes políticas públicas en competitividad y productividad las que han afectado la velocidad del crecimiento económico de los últimos años. Sobre lo que se ha sumado el creciente deterioro de los cuadros del Poder Ejecutivo durante la actual administración.
En lo que va del siglo, la economía peruana ha crecido más rápido que la mayoría de sus pares en la región. Ello ha traído consigo mayores recursos públicos, lo que ha hecho posible el aumento concomitante del gasto público. Sin embargo, aún falta avanzar en cobertura, en gasto por persona y en la calidad de los servicios públicos.
La mayoría de los problemas económicos aún por resolver pasan por una mejor gestión pública y mejores diseños normativos para el mejor funcionamiento de algunas instituciones y de algunos mercados. No llegan al nivel de cambios constitucionales.
La corrupción en los tres niveles de gobierno, los malos servicios de agua potable y alcantarillado, la falta de mayor cobertura de Internet, la elevada informalidad laboral, la fuerte evasión tributaria, los deficientes servicios educativos y de salud pública, la inseguridad ciudadana, la mayoría de los conflictos sociales, el respeto y cuidado del medio ambiente, la competencia de baja intensidad en algunos mercados, el narcotráfico, la minería ilegal, la tala ilegal, una empresa pública que pueda dar bienes y servicios que una privada no lo pueda hacer (ni con subsidios estatales) y casi cualquier problema económico que se le ocurra –amable lector– puede ser enfrentado y resuelto dentro del actual marco constitucional.
El modelo económico es un instrumento de creación de riqueza y el estado debe promoverlo para así tener más recursos y poder cumplir con los derechos sociales y económicos que están en la misma Constitución.
Ahora, si lo que se intenta es la creación masiva y sin control de empresas públicas para ser capturadas como botines por los gobiernos, apostar el dinero público en esas aventuras, competir con las empresas privadas en una suerte de capitalismo de estado o estatizar empresas privadas en nombre del pueblo, efectivamente y afortunadamente no se puede hacer con el actual ordenamiento constitucional.
Los cambios constitucionales que se necesitan están en la parte del sistema político, para tener una mejor gobernanza democrática que sea funcional a las necesidades de las grandes mayorías nacionales.
