Elmer Cuba, Economista
El Comercio, 02 de enero de 2018
El 2017 terminó con una severa crisis política. El presidente de la República fue cuestionado sobre su moralidad en el ejercicio de la función pública. Solo 19 de 129 congresistas presentes en la sala el día en que se debatió la moción votaron en contra de un pedido de vacancia por “incapacidad moral permanente”. El resto o cree que Pedro Pablo Kuczynski debía haber sido vacado (79) o –a juzgar por sus exposiciones– que la pena era muy grande para tales faltas o no había convicción sobre las mismas (21). Sin embargo, en la práctica, muchos de estos votos habrían sido por un canje de favores o (in)definidos por el eslogan “ni al golpismo ni al lobbismo”.
Hace dos semanas, según una encuesta publicada por GFK, un 53% de la población pensaba que PPK debía ser vacado, mientras que un 70% de la población enterada del problema (otro 70%) pensaba que hubo algo ilegal. Con el indulto al ex presidente Alberto Fujimori, PPK perdería el apoyo de un sector que aprobaba su gestión y tal vez gane por un tiempo otros segmentos.
Con esa realidad en el Legislativo y en la calle, el Ejecutivo tendrá que recomponerse e intentar ganar más soporte en la población. Además, hubo varias disidencias en el seno del Gobierno. Otro motivo para hacer reajustes. El principal partido de oposición también ha sufrido algunas bajas, lo que podría tener también efectos políticos importantes.
Luego de este episodio de alta intensidad política, los mercados financieros han vuelto en general a su situación previa. El dólar, las cotizaciones bursátiles, el riesgo-país y las tasas interbancarias así lo muestran.
En la medida en que el Gobierno pueda manejar el rechazo en las calles, por el lado real de la economía tampoco se esperan grandes alteraciones. La inversión pública seguiría a un buen ritmo durante el primer trimestre del 2018 y la inversión privada no llegaría a mostrar ningún hiato en este mismo período.
En el corto plazo, en el ciclo económico, la economía y la política parecen ir por cuerdas separadas. Basta ver el comportamiento de las series de aprobación presidencial y las de expectativas económicas. Unas reflejan lo que piensa el público sobre el desempeño del Gobierno y otras lo que piensan los gerentes y empresarios sobre la marcha de la economía.
Sin embargo, en el largo plazo, la política económica es parte del proceso político más amplio. En general, sistemas políticos que no funcionan bien no producen buenas políticas económicas. Para ponerlo en términos de economía política, instituciones políticas extractivas no producen instituciones económicas inclusivas. Es decir, mientras el sistema político no ponga al ciudadano en el centro de sus preocupaciones, no habrá buenas políticas de crecimiento económico, ni de educación, ni de salud.
El Gobierno no ha llegado a poner en la mesa grandes iniciativas de política económica en el primer año y medio de gestión. Y tuvo las facultades para hacerlo. Comenzó muy timorato, sin grandes ambiciones, como si faltase solo un año de gobierno.
Ahora que no se espera mucho tiene la oportunidad de mejorar. El Congreso debe acompañar estas iniciativas apenas se reacomoden las fuerzas en su interior y en el propio Ejecutivo.
No se puede esperar más. La economía peruana ha perdido el paso. Desde el 2014, el crecimiento económico se ha estabilizado a una tasa ligeramente inferior al crecimiento mundial. Con ello, el sueño del desarrollo económico se aleja.
Para comenzar, debemos enfrentar el problema laboral, partiendo por lo más fácil, igualando el terreno para contratos a tiempo indeterminado y los temporales. El fallo del Tribunal Constitucional en el 2001 –que dispuso la reposición como remedio alternativo a la indemnización ante un despido arbitrario– ha generado una distorsión importante que ha perjudicado la creación de empleo formal de mayor calidad. Ha perjudicado a centenas de miles de trabajadores y hasta ha debilitado al propio movimiento sindical.
Lo realmente difícil es aumentar la productividad empresarial y laboral de las pequeñas y microempresas, que son la fuente principal de la informalidad empresarial y laboral.
También debemos aumentar la recaudación tributaria, a través de cambios en la política tributaria y una lucha contra la evasión. En caso contrario, la economía se encamina a un ajuste fiscal en la segunda parte del gobierno y ni pensar en la “revolución social” prometida en julio del 2016.
