Por: Elmer Cuba, Economista
Gestión, 8 de febrero de 2021
En el 2020 nos dimos cuenta de que el Estado no conoce bien a sus ciudadanos. No tenemos registros completos de ingresos de las personas y no pudimos entregar bonos oportunos y mejor focalizados.
No se avanzó lo suficiente para afrontar una segunda ola de contagios, nuevas cuarentenas y bonos a perceptores de ingresos. Cada programa social tiene su propia lista de beneficiarios. No necesariamente conversan entre sí.
En nuestro país, en el 2019 éramos 17.1 millones los ciudadanos que formamos parte de la población económicamente activa ocupa. De ellos, solo cerca de 5 millones de trabajadores declaramos ingresos de rentas del trabajo, sea de cuarta o quinta categoría. Ello por la elevada tasa de informalidad laboral, de cerca de 70% de la fuerza laboral empleada.
Sin embargo, declarar ingresos no es lo mismo que pagar Impuesto a la Renta. Ello porque en el Perú tenemos un umbral de 7 UIT para a partir de ahí comenzar a pagar impuestos. Por ejemplo, para el 2021, ello significaría que las personas con ingresos anuales inferiores a S/ 30, 800 no pagarán Impuesto a la Renta. Ello lleva a que solo cerca de 1.5 millones de personas pagaremos impuestos a la renta del trabajo.
En una República moderna todos los ciudadanos deberían declarar sus ingresos, al margen de si pagan o no impuestos a la renta. Sin importar su condición laboral. Para los formales dependientes, sus empleadores están obligados a declarar y retener los pagos de ese impuesto. Para el caso de los independientes, sus clientes retienen a cuenta del pago anual, que se regulariza todos los años.
Los informales también deben declarar sus ingresos del trabajo. Sea en un banco una web o por un SMS. Para ellos, bastarían con cuatro datos: su nombre, DNI (equivalente a su RUC automático), ingresos promedio mensual (Sunat multiplica por 12) y, opcional, un número de celular (para cualquier comunicación, hasta el depósito de un posible bono) y una cuenta bancaria (o en el Banco de la Nación, por defecto).
Esta declaración anual debería ser obligatoria. Con la misma obligatoria. Con la misma obligatoriedad de votar en las elecciones. Un ciudadano tiene derechos y deberes. De un lado, los ciudadanos tenemos derecho a la salud, educación, seguridad y justicia, entre otros. De otro, tenemos la obligación de cumplir la ley y pagar impuestos. Justamente para que el Estado pueda financiar la provisión de los bienes y servicios públicos.
Los beneficios de esta declaración jurada serían múltiples. Primero, facilitaría la entrega de bonos por el covid-19, lo urgente. Hasta se podría condicionar su entrega contra una simple declaración. Es un requisito mínimo.
Segundo, se puede compartir con todos los programas sociales. Así, mejora sustancialmente el conocimiento de los beneficiarios. Ser beneficiario implica también tener la declaración anual de ingresos. Es un requisito mínimo.
Tercero, en un país de actividades ilícitas, puede ayudar a combatirlas. Las personas que realizan, por ejemplo, actividades de minería ilegal, contrabando, narcotráfico, estarían “obligadas” a declarar ingresos. Por ejemplo, cuando compren o vendan una propiedad. Exigir la constancia de la declaración es un requisito mínimo. Es como haber votado en las elecciones.
¿No queremos formalizar? Aquí tenemos un poderoso instrumento para fines administrativos y de políticas públicas. Quedarán también al descubierto los que no quieren salir del clóset de las actividades ilegales: Numéricamente son menos, pero son. Se podrá cruzar con los sistemas de RUS y RER, con los viajes al exterior, etcétera.
