Editorial El Comercio
El Comercio, 2 de setiembre de 2019
Hace unos días, desde este Diario nos pronunciamos a favor de un nuevo contrato social minero que reencauzara el modo que las inversiones en esta actividad extractiva se relacionan con el resto del país. El objetivo debe ser aprovechar de la mejor manera las riquezas minerales del Perú y permitir que los proyectos salgan adelante en un esquema justo y atractivo para los empresarios, para el Estado y para todos los peruanos, en especial los que se ubican en el área de influencia de cada proyecto.
Para que cualquier esfuerzo de este tipo tenga posibilidades de ser exitoso, sin embargo, el gobierno debe empezar por combatir decididamente la vorágine de desinformación que se disemina cada vez que entra al debate un nuevo proyecto minero y las tensiones se elevan. Pero esto no ha sido el caso últimamente.
El escrutinio público y las manifestaciones pacíficas son, sin duda, vías legítimas de presión ante inversiones que, por algún motivo, causan preocupación. Frente a estas inquietudes de buena fe, los espacios de diálogo, o incluso de modificación o cancelación de los planes iniciales de inversión, pueden ser bienvenidos si se ejecutan en beneficio de todas las partes o si se hallan riesgos reales en el proyecto.
Los problemas surgen cuando los sistemas de presión se basan en información poco veraz que no es apropiadamente desmentida. Esta desinformación es, usualmente, de dos tipos. El primero es el ambiental. En ausencia de instituciones sólidas, la credibilidad del Estado, que en teoría garantiza a la población que los potenciales impactos ambientales serán nulos o poco significativos a través del EIA y otros instrumentos, es baja. Aun así, cuando se trata de cuidar la calidad del agua, del aire o del suelo, no es la empresa sino el propio gobierno quien debe aclarar de manera contundente si el proyecto minero en cuestión cumplió, o no, con los filtros que su propio sistema demanda. Y, si lo hizo, hablar a media voz sobre el aval medioambiental que recibió el Estado, como ha venido haciendo hasta ahora el presidente Vizcarra y su administración a propósito del proyecto Tía María, solo envalentona a quienes enarbolan una falsa bandera ambiental para ver frustrado cualquier proyecto.
El otro tipo de discurso que se presta a tergiversaciones es el tributario. En estas falacias han caído incluso altas autoridades. “¿Cómo es posible que solo paguen [las empresas mineras] el 2% y se les devuelve 15 mil millones?”, mencionó hace poco el gobernador de Arequipa, Elmer Cáceres. Durante los últimos debates parlamentarios, congresistas de distintos partidos repitieron la imagen de un sector minero que paga impuestos con una mano y los recibe de vuelta con la otra.
Lo cierto es que la minería, como otras actividades extractivas, paga más impuestos que el resto de sectores. Las devoluciones por IGV a las que se hace constante alusión son en realidad un sistema que no le cuesta al Estado, que se aplica para cualquier exportación –minera o no–, y que se usa en la gran mayoría de países, bajo el principio de que no se exportan impuestos. Si esto, tan simple, hubiera sido explicado de manera firme –aunque sea una sola vez– por el propio presidente Vizcarra, quizá el innecesario debate estaría ya zanjado.
Así, si el gobierno está convencido de que la inversión minera responsable es beneficiosa para el país, debe comunicarlo sin remilgos. En paralelo, el impulso a formatos de inversión pública que permitan mejor predisposición hacia los proyectos mineros en las áreas de influencia es fundamental. A través de esquemas similares al descontinuado óbolo minero –que acercaba las contribuciones del sector a las necesidades de la población aledaña– o de un fondo de garantías ambientales pagado por todas las mineras en operación –que permitiría que cualquier pasivo ambiental sea inmediatamente atendido– el nuevo contrato social puede empezar a construirse.
Nada de esto, sin embargo, será alcanzable si el gobierno no está dispuesto a comunicar y a enmendar la plana de quien desinforme cuando corresponda. Pero para eso también se requiere decisión política.
