Con el acuerdo de siete organizaciones que representan a 52 pueblos indígenas del país, la semana pasada se firmó el acta por la cual se aprueba el reglamento de la nueva Ley Forestal y de Fauna Silvestre. Sin duda, esta es una buena noticia para el Perú, ya que, luego de varios años de negociaciones, finalmente contaremos con una herramienta eficiente que permitirá la explotación sostenible de nuestros bosques a través de concesiones forestales. Además, este hecho muestra que, contra lo que parecía sugerir la experiencia, es posible lograr consensos entre el Estado y los pueblos indígenas para lograr crecimiento económico y social a través del aprovechamiento de nuestros recursos naturales por parte de la inversión privada.
Si bien aún faltarían algunas semanas para terminar de afinar ciertos detalles para su publicación, los resultados de las negociaciones han sido beneficiosas para todas las partes. El reglamento, entre otras disposiciones, establece la simplificación administrativa para el otorgamiento de concesiones, que –como hemos señalado en otras oportunidades–, bien diseñado, crea las condiciones para que quien explote el bosque también lo cuide y lo reforeste, asegurándose así la continuidad de la explotación.
El reglamento, además, introduce nuevas escalas para un adecuado aprovechamiento forestal –dependiendo de si este es considerado ‘poco’, ‘mediano’ o ‘intensivo’–, así como directrices para el control, vigilancia y la administración integral del recurso. Por otro lado, la norma establece el concepto del manejo comunitario de los bosques y dispone mecanismos para que los gobiernos regionales garanticen el éxito de las concesiones a través de procedimientos transparentes para su otorgamiento. Esto último constituye ciertamente un paso fundamental para evitar los malos manejos por parte de algunas autoridades regionales que en los últimos años han puesto en peligro cientos de miles de hectáreas de bosques debido a la corrupción imperante en este tipo de procedimientos.
Recordemos que el Perú es el segundo país en Sudamérica en lo que a superficie de bosques naturales se refiere y la novena nación del mundo en materia de potencial forestal. Sin embargo, según cifras del Ministerio de Agricultura, nuestras exportaciones en ese rubro apenas superaron los US$100 millones anuales durante el 2013. Con el actual reglamento, sin embargo, el ministro del sector, Juan Manuel Benites, ha manifestado que las inversiones podrían llegar a los US$3.000 millones en un futuro cercano, lo que podría derivar en la creación de hasta 100 mil puestos de trabajo directo. De concretarse las predicciones del ministro, en unos cuantos años podríamos, inclusive, estar a la par de nuestro vecino país del sur, que en el 2013 exportó US$5.700 millones en recursos forestales.
Sin embargo, estos importantes esfuerzos deben ser acompañados por constantes y adecuados procedimientos de supervisión y fiscalización de las autoridades. Para esto, el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) necesita contar con los recursos humanos y financieros que le permitan dar seguimiento a todas las concesiones forestales. En caso contrario, de nada servirá mantener un marco legal que en el papel pregone el aprovechamiento sostenible de nuestros recursos, mientras en la práctica se siguen dando terribles casos de depredación.
Sin ir muy lejos, en el departamento de Ucayali, la contraloría detectó recientemente nueve autorizaciones que contenían datos falsos sobre la cantidad de hectáreas por aprovecharse, su ubicación y las especies de árboles que comprometían. Esto ocasionó que se perdieran 1.121 toneladas (1.495,77 metros cúbicos) de madera en terrenos privados y de comunidades nativas de la zona. Asimismo, el año pasado se incautaron en Pucallpa aproximadamente 10.000 pies tablares de madera que no contaban con autorización ni documentación que amparase su procedencia. Incluso había indicios de una posible utilización de motosierra para su obtención, lo que está prohibido.
Las reglas para el otorgamiento de las concesiones están dadas, pero sería ingenuo pensar que con eso basta. La transformación apenas comienza y la labor del Estado debe enfocarse ahora en hacer cumplir la normativa a cabalidad. Solo así se terminará de limpiar los bosques de las mafias de la droga, la minería ilegal y la depredación que hoy los dominan.
