Buscando reducir la brecha de infraestructura de salud, la ministra Midori de Habich ha anunciado el lanzamiento de una cartera de proyectos por US$3.500 millones. De esta forma se espera ejecutar, en los próximos cuatro o cinco años y bajo la modalidad de asociaciones público-privadas (APP), más de 200 obras que comprenden la construcción, equipamiento, rehabilitación y mantenimiento de infraestructura, además de la gestión de la ‘bata gris’ (que incluye los servicios hospitalarios generales como alimentación, seguridad y limpieza). Dentro de la inversión prioritaria del sector se encuentran 13 hospitales nacionales, 23 regionales y 170 provinciales.
Considerando la calidad de la mayoría de nuestros servicios públicos de salud (que, como quedó retratado en una encuesta de Datum el año pasado, son considerados por el 80% de los peruanos como malos), es una buena noticia que el Ministerio de Salud continúe por el camino que ya lo llevó hace algunos meses a adjudicar, por medio de la modalidad de APP, la gestión de la ‘bata gris’ del Hospital del Niño de San Borja. Y es que las ventajas que le trae a la salud estatal aliarse con privados son enormes.
Primero que nada tenemos que, a diferencia de lo que sucede con el Estado, detrás de las empresas que compiten por las licitaciones hay accionistas que ponen su dinero en juego, y cuyas ganancias dependen de que logren brindar un buen servicio al menor precio posible (pues de lo contrario no ganarán la concesión). Quizás la mejor prueba de cómo la competencia entre privados le permite al Estado apuntar a un elevado estándar de calidad y, al mismo tiempo, ahorrar dinero es lo sucedido con el ya mencionado Hospital del Niño: aquella licitación le ahorra S/.17,6 millones anuales al Estado, pues, a pesar de que este último estaba dispuesto a pagar por los servicios que consideraba adecuados hasta S/.49,5 millones, el consorcio ganador ofreció hacerlo por poco menos de S/. 32 millones.
Otro aspecto positivo de las APP es que estas adjudicaciones obligan contractualmente a los privados a dar mantenimiento a los establecimientos de salud. Esto contrasta con lo que sucede actualmente con los centros de atención médica estatales, que muchas veces no reciben un mantenimiento adecuado, lo que se traduce en un servicio deficiente para los pacientes. El año pasado, por dar un ejemplo, la Defensoría del Pueblo analizó el estado de alrededor de cien hospitales del Perú, y encontró que un 41% de sus equipos tenía que ser reemplazado o reparado. En esta línea, de acuerdo con la ministra De Habich, la experiencia ha demostrado que cuando la inversión ha sido estatal, la infraestructura se ha deteriorado un 50% en los primeros años de uso mientras que, en manos privadas, se garantiza un mantenimiento más allá de los 10 o 20 años de uso.
Las APP permiten, por otro lado, no solo que las personas reciban un mejor servicio con un menor costo para el Estado, sino también que lo reciban más pronto. Efectivamente, aunque también tienen que enfrentarse a la pesada burocracia estatal, las decisiones de las empresas por lo general son más rápidas que dentro del Estado, por lo que, de acuerdo con la ministra De Habich, esta modalidad logra reducir el tiempo de realización de los proyectos a la cuarta parte.
Finalmente, gracias a los proyectos hechos de la mano de privados, el Estado puede reducir su carga, pues, en lugar de tener que construir, mantener y gestionar la ‘bata gris’ de estos centros, únicamente deberá concentrarse en diseñar buenos contratos y fiscalizar que las empresas concesionarias estén haciendo su trabajo adecuadamente. Esto último valiéndose por supuesto, y de ser necesario, de sanciones –que incluso pueden significar para las compañías la pérdida de su contrato– a aquellas que no hagan bien su trabajo.
Ahora bien, además de las APP, también se ha anunciado que desde el sector salud se promoverá la ejecución de obras por impuestos. Así, se busca que empresas presenten proyectos de construcción y puedan deducir de esta forma el costo de su inversión hasta por 50% del Impuesto a la Renta que tengan que pagar. En estos casos, la empresa no solo tiene incentivos para ejecutar rápidamente el proyecto (pues solo así obtendrá beneficios tributarios), sino también para hacerlo bien, pues las obras por impuestos son una manera en que esta puede mejorar su imagen con la comunidad. A la par se benefician con los servicios todos los ciudadanos y también el Estado (que de esta forma ahorra recursos y tiempo).
Si bien es cierto que una reforma radical en la salud pública tendría también que incluir a la ‘bata blanca’–los médicos– no por ello es menos cierto que, al concesionar las obras de infraestructura y la ‘bata gris’ de los hospitales, la ministra está dando pasos agigantados para mejorar la salud de todos los peruanos.
