Siempre nos hemos sentido orgullosos de ser un país marcado por nuestros contrastes y nuestra diversidad geográfica y biológica, que hacen del Perú un país de infinitas oportunidades. Sin embargo, existen otros tipos de contrastes de los que no podemos estar orgullosos: pese a que somos uno de los diez países con mayor disponibilidad de recursos hídricos en el mundo, gran parte de nuestra población no tiene un acceso adecuado a servicios de agua potable y saneamiento.
Como reveló un informe publicado el miércoles en Portafolio, en Cerro de Pasco –donde según el INEI el índice de pobreza es de 46,6%–, los habitantes consumen el agua más cara del país. Esto se debe a que el servicio de agua potable solo se brinda durante dos horas al día y quienes allí viven se ven obligados a comprar agua de camiones-cisterna, pagando hasta 50 veces más que las poblaciones que cuentan con acceso a una red de alcantarillado que brinde un servicio continuo. Esta misma situación se da en Nasca, que solo tiene cuatro horas de agua continua, y en Talara y Sullana, que solo tienen diez, por lo que también en esas zonas se deben pagar elevados precios por el agua.
La causa de todo esto no es, de ninguna manera, la escasez del recurso: como ya mencionamos, el Perú cuenta con vastos recursos hídricos. El problema está en el mal manejo que desde hace varios años vienen prestando las empresas públicas de saneamiento (EPS), manejo que no le permite a la mayoría de estas mantener sus redes y mucho menos invertir en su ampliación, pues gran parte de ellas se encuentra quebrada. De hecho, muchas EPS no tienen ni siquiera la capacidad de cobrar por buena parte de los servicios que prestan: por ejemplo, en las EPS medianas el nivel de micromedición (es decir, el nivel de exactitud de la medición del uso de agua) es de apenas 44%, lo cual dificulta la eficiencia para el cobro. Así, del 100% de agua producida en el país solo se cobra el 25%.
Encima de eso, actualmente la brecha en infraestructura en este sector supera los S/.53 mil millones. En tal sentido, el ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Milton von Hesse, ha reconocido que nos encontramos ante una situación crítica. Asimismo, el ministro ha señalado que el financiamiento de las inversiones es insuficiente y que el modelo de gestión municipal ha fracasado, por lo que es necesario cambiarlo y fomentar la participación del sector privado. Como hemos sostenido en anteriores oportunidades, el ingreso de capital privado en la administración de las EPS permitiría que, a diferencia de lo que sucede ahora, haya verdaderos interesados en asegurar la calidad y eficacia de los servicios. El interés por maximizar la rentabilidad serviría de incentivo para que los inversionistas privados amplíen las redes de agua potable a fin de acceder a mercados y consumidores antes no alcanzados y para que se optimicen la infraestructura y tecnología utilizadas para evitar el desperdicio. Esta participación, sin embargo, a lo largo de los años se ha visto frustrada debido a que algunos alcaldes han politizado el tema del agua utilizándolo para manipular a la población, alejando el ingreso de capital privado.
Lo paradójico es que ya se han diseñado ciertas medidas para lidiar con los problemas de las EPS (distintas a concesionarlas, lo cual puede resultar políticamente más complicado), solo que no se han puesto en práctica. Si bien el año pasado se aprobó una norma por la cual se crea el Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento (Otass), esta institución aún no termina de entrar en funciones. Este organismo permitiría que se determine la composición de los directorios, requisitos y causales de vacancia para la alta dirección de las EPS. Asimismo, supervisaría las cuentas, su desempeño y fiscalizaría su adecuado cumplimiento. Igualmente, evaluaría la solvencia técnica, económica y financiera de las mismas y, en caso fuese deficiente, podría proceder a su intervención. La Otass permitiría, inclusive, que en caso una EPS sea intervenida, se suspendan las atribuciones de sus directivos y se los remueva temporalmente de sus cargos.
La pregunta cae de madura: ¿qué hace el Ejecutivo que no implementa esta institución?
