Edward López Cazorla
Presidente del Centro de Estudios Geopolíticos y de Seguridad Nacional «CEGESEN»
Expreso, 1 de febrero del 2026
El gobierno del presidente Jerí, se esfuerza por obtener resultados contra la inseguridad ciudadana y la criminalidad organizada. Si bien es cierto anunció al asumir el poder que el gobierno pasaba a la “ofensiva”, esta declaración por sí sola no es suficiente.
El pasado 18 de enero, se publicó el DS N.° 009-2026-PCM, que reglamenta la Ley N.° 32490, que establece medidas extraordinarias contra los delitos de extorsión y sicariato. La norma fortalece el marco legal para proteger a las empresas de transporte público y de mercancías, sectores duramente golpeados por organizaciones criminales, y garantiza la continuidad de un servicio esencial para la economía nacional, el empleo y la movilidad de millones de peruanos.
Igualmente, la norma dispone la implementación inmediata de acciones integrales de prevención, respuesta policial, protección a víctimas y recuperación económica, consolidando una estrategia de Estado frente a la extorsión y el sicariato.
Asimismo, el 23 de enero el presidente presentó el balance de la estrategia contra el crimen indicando que está dando resultados. Entre estos resalta la disminución de las denuncias por extorsión de 6,896 a 5,494 entre el tercer y cuarto trimestre del 2025.
Quedan menos de siete meses para que termine este gobierno de transición para que asuma el que sea elegido en los próximos comicios. Las principales tareas del gobierno de turno son garantizar un proceso de transición democrático y lograr reducir significativamente los indicadores de inseguridad ciudadana (principalmente extorsión y sicariato) y de criminalidad organizada (narcotráfico, minería ilegal, contrabando de armas, municiones y explosivos, entre otros).
Al respecto, se considera que la reglamentación de la Ley antes indicada es un esfuerzo importante, pero no suficiente, por lo que se propone el siguiente plan de acción inmediata hasta el 28 de julio:
En cuanto a la conducción estratégica, se reitera la necesidad de convocar al Consejo de Estado con participación de representantes de los Poderes del Estado y de los Organismos Autónomos, a fin de consensuar las medidas necesarias y no efectuar esfuerzos aislados, tratándose de problemas muy complejos que exigen un enfoque integral y multisectorial de intervención. Los acuerdos que se adopten deberán tener carácter vinculante. Estos acuerdos deben trasladarse al Consejo de Seguridad y Defensa Nacional para su implementación inmediata y seguimiento mensual de las metas trazadas con indicadores verificables.
Con relación al control territorial y empleo de las FF. OO, se requiere que se planifiquen y ejecuten operativos integrados con participación de las FF.AA., la PNP y el Ministerio Público contra la minería ilegal, el narcotráfico y el contrabando de armas, municiones, explosivos e insumos químicos fiscalizados (IQF) en las zonas de mayor impacto. En cuanto a la inseguridad ciudadana, se requiere la organización inmediata y empleo de unidades policiales especializadas contra la extorsión y el sicariato, previstas en la norma señalada. Para alcanzar resultados, es indispensable que se atiendan en forma prioritaria los requerimientos de la PNP y las FF.AA., para obtener información de inteligencia que permita llevar a cabo las operaciones y los requerimientos de personal, material y recursos financieros.
En cuanto a la administración de justicia, es indispensable revisar el marco legal y realizar los ajustes necesarios para combatir el crimen organizado, la extorsión, el sicariato y la tenencia ilegal de armas; así como una adecuada articulación entre la Policía, el Ministerio Público, el Poder Judicial y la Unidad de Inteligencia Financiera. Asimismo, es ineludible construir establecimientos penales temporales, ya que no hay tiempo para más, lo cual puede ser encargado a las unidades de ingeniería militar de las FF.AA.
Como indicadores verificables, en adición a los que resulten de las medidas adoptadas por el gobierno, se proponen los siguientes: Reducción de denuncias por extorsión, secuestro y robo; disminución de homicidios por sicariato, incremento de operativos contra la minería ilegal, aumento de intervenciones contra el TID, incremento de armas incautadas e IQF.
Para que estas medidas tengan efecto, el gobierno debe establecer como prioridad la lucha contra la inseguridad ciudadana y la criminalidad organizada, brindar total respaldo político a las FF.AA. y a la PNP y asignar los recursos económicos necesarios. Cabe resaltar que la PNP ha solicitado una mayor cantidad de efectivos y las FF.AA., principalmente el Ejército, requieren completar sus cuadros de personal de Servicio Militar Voluntario, lo cual permitiría ejercer un mejor control territorial y de seguridad fronteriza. Sin seguridad no hay inversiones, crecimiento económico, desarrollo nacional ni gobernabilidad sostenible.
