En esta coyuntura de las Américas, en cuyo foro principal –la OEA– la mayoría latinoamericana se tapa los ojos, los oídos y la boca frente a los desmanes de la “democracia dictatorial” que practican el chavismo y sus socios (que callaron a la diputada venezolana Machado en Washington) ser elegido secretario general de ese organismo sería una pesada e interminable condena moral, como debe de haberlo sido para el chileno José Miguel Insulza. Y sería peor para el candidato García Sayán, cuya credencial más valiosa es haber sido canciller del Perú cuando una sesión especial de la Asamblea de la OEA celebrada en Lima (11/9/2001) aprobó por unanimidad la Carta Democrática Interamericana, iniciativa lanzada y negociada durante el gobierno de Paniagua, del que el candidato fue ministro de Justicia.
Tanto el Gobierno como el aspirante deben conocer que las facultades del secretario general de la organización están limitadas por la voluntad de los Estados miembros. Es interesante, sin embargo, que esta decisión gubernamental fuerce una definición de lo que debería ser el elemento fundamental de la nebulosa OEA, la única institución continental que en un esfuerzo sostenido apostó a fondo por la democracia y el Estado de derecho en la región.
Por eso se convirtió en blanco del movimiento pro chavistoide que creó el ALBA/Unasur/Celac/Mercosur (ampliado en Caracas) como mecanismos para atrofiar el sistema hemisférico y neutralizar la Carta Democrática. Después de la deprimente experiencia chilena de Insulza, García Sayán tendría que hacer la diferencia. Y para ello, más que votos, Torre Tagle debería negociar un importante consenso mandatorio para que la Carta Democrática Interamericana sea dignamente respetada por los Estados que la aprobaron en el Perú.
